Cuando quedan menos de 15 días para el 31 de diciembre, día en el que el Gobierno quiere tener ya aprobada la reforma laboral, y en las últimas horas hábiles de negociación, los sindicatos han planteado que quieren restringir el despido, un asunto que el Gobierno no tiene encima de le mesa y que no se había contemplado modificar y que de momento no está plasmado en ningún papel. Así lo trasladan fuentes conocedoras de la mesa de negociación, que ven el escenario incierto. De hecho, en el Comité Ejecutivo de CEOE, reunido de urgencia para analizar la situación, el comentario generalizado fue: "Hasta que no lo vea, hasta que no lea el texto"...
Y es que cada patronal y cada sector tiene sus exigencias y sus líneas rojas: la temporalidad para el campo, la subcontratación para la industria, etc., pero lo que comparten los empresarios es su rechazo frontal a esta petición de los sindicatos, que esperan que el Gobierno no recoja. Si no lo hace, fuentes empresariales apuntan a Vozpópuli que ven un 50% de posibilidades de pactar la reforma laboral, al menos un acuerdo de mínimos con pocos cambios respecto al marco vigente. En el que se mantenga la flexibilidad que dio a las empresas la reforma laboral de 2012, que la Comisión Europea ha alabado.
La propuesta in extremis de los sindicatos es que cuando se haya declarado un despido improcedente, el trabajador pueda elegir si prefiere recibir indemnización o reincorporarse a la empresa, una capacidad que ahora sólo tiene la empresa y que cuenta con la excepción de cuando atañe a los propios sindicatos, que sí pueden optar por una opción u otra.
En concreto, la Ley de la Jurisdicción Social establece que la empresa podrá reincorporar al trabajador y abonarle los salarios de tramitación o por el contrario, pagarle la oportuna indemnización por despido. La readmisión del trabajador debe hacerse en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido.
A esto se suma que los sindicatos también plantean recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado que rige para antes de la reforma laboral de 2012 con un tope de 42 mensualidades, frente a los 33 días y 24 mensualidades que se aplica desde entonces. Esta propuesta encarecería el despido pero según trasladan fuentes empresariales, preocupa más que el trabajador pueda forzar su readmisión, cuando el 80% de los despidos disciplinarios terminan declarándose improcedentes. Se trataría de una restricción al despido muy potente, ya que el trabajador podría blindar su permanencia en la empresa.
Posición de fuerza
La propuesta de los sindicatos puede obedecer a un intento de recuperar una posición de fuerza en la negociación una vez que el Gobierno ha hecho gestos a CEOE en sus últimas iniciativas, entre las que se ha avenido a eliminar la exigencia de porcentajes máximos de temporalidad. De hecho, el propio Ejecutivo introdujo en uno de sus borradores una iniciativa sobre el despido del trabajador temporal, en la que establecía que si su temporalidad no estaba justificada, el despido sería nulo. Ante las protestas de la patronal sobre que esta medida favorecía al trabajador temporal respecto al indefinido, el Gobierno la retiró.
En las últimas semanas, CEOE ha presentado a la mesa su propia propuesta, realizada por un grupo de juristas atendiendo a las necesidades de todos los sectores representados en la patronal. En ella, ponía los topes a porcentajes y límites temporales a la temporalidad como una de sus líneas rojas. Esta iniciativa fue muy criticada por los sindicatos en la mesa de negociación.
