Abogados y asociaciones de consumidores han lamentado la decisión del Tribunal Supremo de cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en una hipoteca en contra del criterio conocido el pasado 18 de octubre que se lo atribuía a la banca.
Tras hacerse pública la decisión adoptada esta tarde por el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo, algunas agrupaciones han mostrado su oposición ante el "aberrante" paso atrás de los magistrados, aunque mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que de nuevo dé un espaldarazo a España en materia hipotecaria.
Así lo sostiene el portavoz de Adicae, Fernando Herrero, que ha calificado la decisión de "extraña y anómala", si bien ha matizado que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos.
Y es que, ha apuntado, el Tribunal Supremo ya declaró nula una cláusula abusiva que atribuía al cliente, sin negociación previa, el pago de todos los gastos inherentes a la firma de una hipoteca.
Herrero ha explicado que, una vez se conozca íntegramente el contenido de la sentencia, lo que ocurrirá en unos días, Adicae impugnará su contenido "en España y en Europa", porque "hay que seguir discutiendo esta decisión".
Por ello, "no se ha perdido la batalla", ya que todos los que tengan una cláusula declarada nula pueden seguir reclamando; además, ha indicado que ahora será la sala de lo Civil la que se tenga que pronunciar, "y veremos también lo que dice Europa".
Facua ha afirmado que el Supremo no les ha sorprendido, pero remite al triunfo de los afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2016 la total retroactividad y su derecho a percibir las cantidades abonadas de más desde la firma del contrato.
También ha lamentado el "bochorno" la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por su "gestión pésima" en una decisión "sin precedentes" que, aseguran, va en contra de la jurisprudencia del propio tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.
Sobre la polémica se han pronunciado además despachos de abogados como Navas & Cusí, que aunque "acata" el resultado de la votación, que ha finalizado con 15 votos a favor y 13 en contra, no lo comparte, pues "el interesado en la garantía hipotecaria" es la banca, la cual ha sido "invitada de piedra" en este problema "generado por los legisladores".
Al respecto, lamenta que "todo este embrollo", iniciado a partir de que se sometiera a revisión la modificación del criterio sobre el sujeto pasivo de esta tasa apenas 24 horas después de trascender, sólo ha servido para debilitar la imagen pública de la justicia.
En la misma línea se expresa la socia fundadora de Pelegrí Abogados, Amor Pelegrí, que en declaraciones a Efe reprocha que esta "barbaridad jurídica", la cual "no es conforme a derecho y va en contra de los consumidores", marque un "momento histórico en sentido muy negativo"; no obstante, entiende que Europa aún puede obligar al Supremo a volver a rectificar.
"Gana la banca y pierde la ciudadanía y la confianza en la justicia", sentencia el abogado de Sanahuja Miranda, Fernando Sanahuja, que manifiesta su "estupefacción" ante un "súbito cambio radical" que "como letrado resulta difícil de explicar jurídicamente".
Por su parte, UGT ha afeado, en una nota de prensa, un fallo que "genera incertidumbre" y supone un retroceso "en la consideración social de la vivienda como un valor social", reforzando "el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social".
