La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha lanzado a la búsqueda de una entidad financiera en la que depositar, con la mayor remuneración posible, el resultante de la liquidación del sistema eléctrico, cuyo balance ha resultado positivo desde el pasado 2014. Aunque, eso sí, no se trata del mejor momento para una maniobra de este tipo, toda vez que las entidades financieras se están planteando incluso empezar a cobrar a los clientes por los depósitos.
Porque ése es, básicamente, el tipo de producto que pretende el organismo regulador; una cuenta en régimen de depósito que le permita una adecuada gestión de los fondos provenientes del superávit del sistema eléctrico, cuya cuantía agregada se sitúa en el entorno de los 1.500 millones de euros desde que el balance es positivo.
Como único criterio para la adjudicación del contrato, la CNMC tendrá en cuenta la remuneración de la cuenta en cuestión. Es decir, aquella entidad que ofrezca el producto con el tipo de interés más elevado será la que se lleve el gato al agua. Los bancos interesados también deberán acreditar su experiencia en este tipo de contratos, ya que se les exigirá haber ejecutado al menos cuatro de condiciones similares. Las entidades deberán acreditar igualmente una cifra de negocios anual mínima, en torno a los 2.000 millones de euros, para poder optar a la adjudicación.
No obstante, todo indica que la CNMC no tendrá precisamente fácil encontrar bancos dispuestos a ofrecer este tipo de producto. Hasta tal punto llega el poco interés de las entidades en captar y remunerar pasivo que algunas se están planteando empezar a cobrar a los clientes por los depósitos. De esta forma, el regulador podría encontrarse con que la mejor de las propuestas que llegara hasta su Secretaría General fuera aquella que menos le pidiera por abrir y mantener la cuenta.
Más dificultades
No sería el primer obstáculo con el que el organismo que preside José María Marín Quemada se encuentra a la hora de contratar servicios financieros. El diario La Información ya adelantó a finales del pasado mes de octubre que la licitación llevada a cabo por la CNMC para la creación de cuentas destinadas a gestionar las cantidades cobradas por sanciones y otros conceptos había quedado desierta, dado que ningún banco estaba dispuesto a prestar este servicio sin coste para el cliente, como pretendía el regulador.
El sistema eléctrico comenzó a arrojar un balance positivo hace cinco años, tras más de una década de notables desequilibrios que llevó la cifra del déficit a rondar los 30.000 millones de euros. Esta situación derivó en la decisión tomada por el Gobierno del Partido Popular a comienzos de siglo de no repercutir la totalidad de la subida de los precios eléctricos en el recibo, con el fin de que los usuarios lo costearan de forma diferida.
Tras la reforma del sector articulada en la Ley del año 2013, que incluía el impuesto del 7% que grava la generación eléctrica, el sistema fue capaz de detener el desequilibrio y comenzar a registrar superávit, aunque el déficit histórico aún no está ni mucho menos liquidado.
Este superávit eléctrico tiene diversos destinos, tales como sufragar las sanciones al Estado procedentes de procesos de arbitraje internacional (la mayoría de ellos derivados del recorte de las primas contemplado precisamente en la mencionada reforma del sector) y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al retorno a las eléctricas de casi 600 millones procedentes del antiguo bono social, entre otras partidas.
