La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 80,6 millones de euros a ocho empresas de la industria láctea por cometer entre 2000 y 2013 una serie de conductas ilícitas que iban en contra de los derechos de los ganaderos.
Se trata de ocho empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca que intercambiaron información con el fin de coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, lo que se considera una infracción "muy grave".
Las empresas sancionados han sido Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica).
También han participado en estas conductas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, si bien su infracción ha prescrito.
En estos intercambios de información jugaron un papel propio y relevante las asociaciones Aelga y GIL, con un rol de facilitadoras de la infracción, por el que son consideradas coautoras de la infracción y multadas por ello.
Presión a los ganaderos
Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores han consistido en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Estos intercambios de información estratégica tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.
Así, por ejemplo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de estos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo.
Esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.
Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.
Según el supervisor, los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.
Asimismo, algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de esta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda.
Antecedentes judiciales
Este es un procedimiento que ya se instruyó y resolvió en el año 2015. La CNMC elaboró un pliego de concreción de hechos en el que se omitieron determinados periodos infractores para algunas de las empresas, lo que condujo a una rectificación de tales datos en un segundo pliego que Nestlé recurrió.
Mientras se tramitaba el proceso judicial, la CNMC resolvió el procedimiento sancionador el 26 de febrero de 2015. Sin embargo, el 11 de julio de 2016, la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso judicial presentado por Nestlé y anuló en parte la resolución de CNMC, ordenando la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la subsanación de errores, lo que explica que las sanciones y las duraciones de las conductas sean en algunos casos diferentes a las que se impusieron en 2015.
En concreto, Corporación Alimentaria Peñasanta ha sido multada con 21,9 millones de euros, Danone con 20,3 millones, Grupo Lactalis con 11,7 millones, Industrias Lácteas Granada con 10,3 millones, Calidad Pascual con 8,6 millones, Nestlé España con 6,9 millones, Schreiber Food España con cerca de un millón, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña con 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas Galicia con 60.000 euros y Central Lechera Galicia con 53.310 euros.
