La familia fundadora de Codere, los Martínez Sampedro, con el 18,5% del capital de la multinacional española, ha instado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a que reclame al bufete Linklaters las facturas emitidas a la compañía.
Linklaters fue el despacho que presidió Sebastián Albella hasta su incorporación a la CNMV como presidente, en noviembre de 2016. El propio Albella trabajó en 2014 como abogado de Linklaters en una refinanciación millonaria de Codere.
Los fundadores del único grupo de juego español cotizado insisten en haber logrado reunir pruebas que demuestran que grandes despachos internacionales, entre ellos Linklaters, han facturado millones de euros a la empresa por litigios que en realidad afectaban a los fondos.
Linklaters facturó 0,7 millones de euros a Codere en 2018; Boies Schiller Flexner facturó 2,7 millones y Jones Day 1,2 millones
En un escrito remitido recientemente al regulador del mercado español, los Martínez Sampedro subrayan que Linklaters prestó servicios de asesoramiento durante el año 2017, y principios de 2018, a Norman Sorensen, entonces consejero independiente de Codere, y presidente de la compañía en la actualidad.
La familia española insta a la CNMV a requerir las facturas emitidas por Linklaters a Codere, así como identificar a los profesionales del despacho que participaron en ese asesoramiento a Sorensen, con el objetivo de acreditar la "ausencia absoluta de independencia" del entonces consejero del grupo de juego.
Los fondos estadounidenses que controlan la mayoría del capital de Codere lograron a principios de 2018 desbancar de sus puestos de presidente y vicepresidente a José María y Javier Martínez Sampedro.
Los fundadores de Codere sostienen que los fondos que controlan la mayoría del capital del grupo deben lanzar una OPA por el 100%
Los españoles sostienen que los fondos actuaron de forma concertada, y que de hecho controlan desde entonces la gestión del grupo y el consejo de administración, y que evitan trasladar a sus representantes en el consejo información solicitada.
Por estas razones defienden que los fondos deberían lanzar una OPA por el 100% del capital, al superar conjuntamente el 30%, umbral marcado por la normativa a partir del cual es obligado el lanzamiento de una oferta por todas las acciones.
Los Martínez Sampedro advierten en su escrito a la CNMV, que Linklaters también prestó asesoramiento a Silver Point (primer accionista de Codere, con el 21,79% del capital) en la operación urdida entre finales de 2017 y principios de 2018 por los fondos estadounidenses para sacar a los Martínez Sampedro de la presidencia y vicepresidencia del grupo.
Los Martínez Sampedro iniciaron hace dos años un procedimiento judicial en Estados Unidos contra los fondos de Codere
Los fundadores del grupo de juego han logrado pruebas de esa relación mantenida entre los fondos y los despachos de abogados -correos electrónicos- en un procedimiento judicial iniciado hace dos años en Estados Unidos, discovery, que obliga a las partes involucradas a aportar todo tipo de comunicaciones mantenidas.
Al igual que en el caso de Linklaters, los Martínez Sampedro también requieren a la CNMV que otros dos grandes bufetes, Jones Day y Boies Schiller Flexner, aporten las facturas cobradas a los fondos de Codere y a la compañía de juego, por los litigios mantenidos con la familia española. De esta manera, se podría identificar los servicios prestados al grupo por una parte y a los fondos por otra, y comprobar que las facturas se corresponden con los servicios dados a cada uno.
En 2018 Codere destinó 7,2 millones de euros al pago de asesorías en litigios, mientras que un año después esa cantidad se redujo a los 1,5 millones. En 2018, Linklaters cobró 0,7 millones de euros de Codere; Boies Schiller Flexner facturó 2,7 millones y Jones Day 1,2 millones de euros, de acuerdo a la información que los fundadores del grupo han podido recabar en el procedimiento judicial iniciado en Estados Unidos.
