Fue este miércoles cuando lo que parecía que iba a ser una comparecencia aséptica en la madrileña estación de Atocha se convirtió en una retahíla de reproches por parte de dos trabajadores de comercio de la zona al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por un lado; y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por otro.
Tal y como captaron las cámaras de Europa Press, la intervención de Ábalos se vio interrumpida por los gritos de dos comerciantes que trabajan en la estación a cuenta del pago del alquiler de sus locales durante la pandemia. "¿Qué pasa con los comercios? ¿Nos vamos a la calle todos ahora?", preguntaba una. "La presidenta de Adif me ha dicho que va a comenzar a negociar ahora con cada uno los comercios", se defendía Ábalos, que apelaba a la nueva norma publicada este miércoles en el BOE. "Mucha gente ha cerrado, mucha gente que llevaba muchos años", insistía la empleada.
El caso de los comercios en las estaciones de tren, no obstante, no es aislado. De hecho, sus protestas vienen derivadas, en su mayoría, de un punto básico que condiciona la forma en la que se ha legislado sobre el alquiler de estos establecimientos durante la crisis del coronavirus: pertenecen a grandes cadenas. Así, en la madrileña estación de Atocha se pueden encontrar tiendas como The Body Shop, La Casa de las Carcasas, Calzedonia o Soloptical.
Todas estas cadenas tienen algo en común, y es que llevan unos tres meses -desde que tuvieron que hacer frente a los primeros alquileres tras el estado de alarma- negociando con el Gobierno para solicitarles su intervención, sobre todo en los casos en los que los propietarios son grandes empresas financieras o fondos de inversión, pero también la propia Adif.
En concreto, las cadenas mencionadas formaron, junto a otro centenar de marcas (desde Mango a El Ganso), un grupo de presión para sentarse a hablar con el Ejecutivo reclamando que, mientras no exista una ley específica de arrendamientos comerciales, se suspendan los contratos actuales.
Protección a pymes y autónomos
En este sentido, el decreto que puso en marcha el Gobierno sobre alquileres comerciales solo obliga a aplicar moratorias (que no suspensiones) de las rentas cuando el inquilino es una pyme o autónomo. Así, las grandes marcas recibieron solo un mensaje del Gobierno sobre los alquileres de sus locales: debían resolverse mediante la negociación entre inquilinos y propietarios, algo que consideran imposible por la "desigualdad de condiciones".
"La bilatelaridad no existe, así que deberían suspenderse los contratos actuales para poder renegociarlos", cuentan a Vozpópuli fuentes de esta iniciativa, que señalan que muchos de ellos conllevan unas cláusulas de indemnización a las que difícilmente pueden hacer frente si tienen que cancelar los contratos.
En las últimas semanas, representantes de estas marcas, que llevaron sus reclamaciones al Congreso, se han sentado con miembros del Gobierno y han mantenido diferentes reuniones, sin éxito aún.
Según apuntan a este periódico fuentes conocedoras de los encuentros, "no ha habido grandes avances. Lo que reclamamos es que, de alguna manera, el Gobierno ponga alguna medida temporal que permitiese la negociación". Y prosiguen: "Tienen que darnos una oportunidad de negociar con los tenedores, levantar las cláusulas para que eso permita que tengamos una negociación en igualdad de fuerza".
Con todo, se muestran optimistas por el cambio en la postura de Adif, confiando en que abra la puerta a que propietarios, con el impulso del Gobierno, den su brazo a torcer en las negociaciones. Por el momento, y si nadie lo remedia, seguirán viéndose obligados a pagar sus alquileres pese a haber tenido la persiana echada durante casi tres meses.
