Adif se reunirá con los inquilinos de sus locales para negociar su situación y acabar con el conflicto. Un movimiento que se produce después de que varios propietarios de las tiendas instaladas en las estaciones hayan protestado por su relación con su casero público durante el estado de alarma provocado por el coronavirus.
Según varias comunicaciones a las que ha tenido acceso Vozpópuli, con fecha del 17 y 18 de junio, responsables de la división comercial de Adif advertían a aquellos inquilinos que pretendían cerrar sus negocios por problemas financieros que se exponían a sanciones. En concreto, los dueños de tiendas o restaurantes pagarían una multa de tres meses de alquiler a la empresa dependiente del Ministerio de Transportes por incumplimiento del contrato.
Un aviso que, según explican los propios comerciantes a este medio, supondría "un auténtico estrangulamiento tras tres meses sin ingresos". Adif reclama esta indemnización porque en las concesiones que otorga a sus comercios, con plazos de entre cinco y ocho años, obliga a los adjudicatarios a avisar con un mínimo de seis meses del abandono del local. Si no se cumple esta condición, la empresa pública les puede reclamar este pago.
"Si no puedo pagar ni a mis empleados, cómo puedo pagar tres meses de golpe de alquiler", confiesa uno de los inquilinos de Atocha. El alquiler supone el principal gasto de estos negocios. Con unas superficies que rondan los 60 metros cuadrados, que dan trabajo a una media de seis empleados por local, su pago de alquiler se mueve entre los 8.000 y los 10.000 euros mensuales.
En estaciones como Atocha, Adif cuenta con unos 25 locales que pone al servicio de grandes multinacionales, como Autogrill o Viajes El Corte Inglés, y pequeños empresarios que pueden llegar a aglutinar una red de tres tiendas con una dependencia del turismo interno y de los viajes de empresa. Unos tránsitos que el coronavirus ha frenado en seco.
Un mes de aviso
El ruido sobre situación que han vivido las tiendas de las estaciones que gestiona Adif ha subido de tono esta misma semana. El reproche de los inquilinos de los comercios de la estación de Atocha al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, durante su visita de este miércoles ha llevado este asunto a ocupar un gran espacio mediático.
Como adelantaba Vozpópuli, existía un malestar entre los pequeños empresarios de estas estaciones por la emisión de las facturas del pago del alquiler de estos locales cuando tanto el gestor como el propio Ábalos habían anunciado la cancelación de su cobro. Desde Adif insistieron en varias ocasiones que este envío era solo por compromisos fiscales y que los inquilinos no debían proceder al pago de las mismas.
El mismo día de la visita a Atocha, el Boletín Oficial del Estado, en el último Real Decreto Ley de medidas económicas aprobado por el Gobierno, registraba la cobertura legal para abordar la negociación entre inquilinos y casero de estos comercios. Según apuntó, los propietarios de los locales cuentan con un plazo de un mes, desde la publicación de la norma, para pedir formalmente la negociación de las condiciones del contrato de alquiler.
