El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley de reforma del sector de la estiba aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. El texto ha salido adelante con el apoyo del PP, Ciudadanos, PNV y con la abstención de los nacionalistas catalanes del PDeCAT. El Decreto incluye novedades en materia laboral como el cambio de requisitos para el acceso a la profesión y pretende evitar una multa millonaria de Bruselas por incumplir la normativa comunitaria en el sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos.
Se trata de la segunda vez que la Cámara Baja debate un texto de estas características, después de que la oposición lograse tumbar en el Parlamento el primer decreto presentado por el Ejecutivo el pasado 16 de marzo. El cambio de signo de los catalanes en esta votación ha dado lugar a diversas especulaciones sobre el verdadero motivo por el que los nacionalistas se han decantado finalmente por la abstención.
Sin embargo, el coordinador de los diputados del PDeCAT, Jordi Xuclà, negaba en los pasillos del Congreso que su grupo se haya abstenido a cambio de que el Consorcio del Palau de la Música -del que forma parte el Ministerio de Cultura-, haya declinado ejercer la acusación contra la antigua Convergencia por haber cobrado comisiones de 6,6 millones de euros de Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública. El Gobierno, por su parte, también niega tal extremo.
La aprobación de este decreto por parte de Ministerio que dirige Íñigo de la Serna ha levantado las críticas y el descontento de los sindicatos de los trabajadores de los puertos, que ya han anunciado un calendario de paros que se extenderán los lunes, miércoles y viernes entre los días 24 de mayo y 9 de junio. El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, asegura que mantienen la convocatoria de huelga ya que el nuevo texto del Gobierno "no garantiza los empleos en el sector", aunque sí reconocen avances en materia de formación y de contratos temporales.
Con el nuevo decreto, el Gobierno busca la liberalización del sector de la estiba y pretende evitar una multa de casi 25 millones de euros de la Justicia europea a España por contravenir la legislación comunitaria en el sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos, a la que habría que sumar 134.000 euros diarios por no cumplir con una sentencia de 2014.
El desarrollo reglamentario de la norma se ejecutará a través de un real decreto posterior que incluirá lo pactado por los sindicatos de estibadores, la patronal Anesco y los ministerios de Fomento y Empleo en la mesa de diálogo social. Este contenido ha quedado plasmado en una propuesta elaborada por el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.
