Los controladores aéreos podrían acabar pagando de su bolsillo las consecuencias de su huelga salvaje en diciembre de 2010. Así lo ha solicitado la Fiscalía de Madrid en su escrito de acusación contra 119 controladores que secundaron el paro en el Puente de la Constitución hace ahora cuatro años, a quienes acusa de un delito de abandono de servicio público. Les exige el pago de los billetes y gastos derivados de la cancelación de vuelos por el cierre del espacio aéreo, además una multa de 75.000 euros y un año de suspensión de empleo para siete dirigentes sindicales, informa el diario El Mundo.
El Ministerio Público considera que los acusados, entre ellos el presidente del sindicato USCA, Camilo Cela, y el portavoz Cesar Cabo, coordinaron «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga» el abandono masivo de los puestos de trabajo. El delito que se les achaca, el de abandono de servicio público, establece que "a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público se les castigará con la pena de multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Aena, también responsable
La huelga salvaje provocó la cancelación de 1.450 vuelos. "Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación". De ahí que la Fiscalía pida a los acusados que devuelvan el coste de esos billetes a los afectados.
El escrito señala a Aena como responsable civil subsidiario, por lo que el ente público podría tener que pagar eventualmente las indemnizaciones impuestas a los controladores.
