Hace unos días, el Banco de España alertaba del "fuerte incremento en los créditos en vigilancia especial, particularmente en aquellos sectores más afectados por la pandemia y, por tanto en la cartera avalada por el ICO", así como del aumento de las refinanciaciones. Lo hacía dentro del Informe de Estabilidad Financiera de otoño, que advertía también de "que parte de los potenciales deterioros latentes en las carteras de crédito podría materializarse en los próximos trimestres".
El instituto emisor lleva tiempo mostrando su preocupación por el peligro que para las entidades financieras puede suponer un aumento del riesgo crediticio cuando finalicen las moratorias de pago y las ayudas extraordinarias, todavía muy significativas, acordadas por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Puede que no le falte razón al banco central español.
Sobre la base de los estados contables de las principales entidades financieras españolas cerrados a 30 de septiembre, el montante de los créditos sometidos a una vigilancia especial ("stage 2" en la jerga de la contabilidad internacional) ascendía a 154.136 millones de euros (incluidos los riesgos de sus filiales internacionales). Son 28.997 millones de euros más que doce meses antes, en septiembre de 2020, en plena ebullición de la pandemia. Mientras el volumen de los créditos sanos, aquellos que no presentan problemas más allá del que supone prestar dinero, ha aumentado un 6,3% en el periodo analizado -de 1,7 a 1,8 billones de euros-, el de los créditos en vigilancia especial lo ha hecho un 23,17%.
La IFRS 9 o Norma Internacional de Información Financiera 9 por sus siglas en inglés, entró en vigor el 1 de enero de 2018. Su objetivo es lograr que los bancos reflejen más fielmente en sus cuentas el riesgo del crédito. Desde esa fecha, los préstamos quedan clasificados en tres niveles. El "stage 1" define los créditos cuyo riesgo no se ha incremento respecto a las condiciones inicialmente pactadas y, por tanto, como señala Funcas, "el tipo de interés fijado para dicha operación conlleva una estimación razonable de la pérdida potencial de la misma".
El Banco de España lleva tiempo mostrando su preocupación por el peligro que para las entidades financieras puede suponer un aumento del riesgo crediticio cuando finalicen las moratorias de pago y las ayudas extraordinarias
Bajo esta clasificación se encuentran el 90% de los préstamos realizados por los bancos. Las entidades únicamente tienen que reconocer en su balance unas provisiones equivalentes a la pérdida esperada del activo a doce meses. El grupo Santander contabiliza en esta situación 912.000 millones de euros (862.000 en septiembre del pasado año); BBVA, 324.433 millones (366.943 millones en septiembre) y Caixabank, 308.300 millones (291.686 hace doce meses).
Los problemas empiezan cuando la calificación internacional es "stage 2". Aquí se añaden aquellos créditos que, si bien no han incurrido aún en pérdidas, han experimentado un incremento importante del riesgo, como puede ser, entre otros criterios, la existencia de 30 días de impago en las obligaciones adquiridas. Son "activos que se encuentran con dudas de recuperación, pero que aún no pueden ser clasificados como dudosos".
Bajo esta catalogación, sólo el grupo BBVA ha reducido su exposición total en los últimos doce meses. Ha pasado de 39.685 millones de euros a 36.401 millones, lo que supone una reducción del 9%. Sin embargo, en sus principales áreas geográficas de actividad ha sucedido todo lo contrario. En España, el volumen de los créditos en vigilancia especial ha crecido en más de 5.000 millones (de 14.308 millones a 19.354 millones), un 35%. Lo mismo ha sucedido en Turquía (+10,53%), México (+16,6%) o América del Sur (+5,5%).
Banco Santander ha pasado de 60.000 millones de euros a 67.000 millones, con un crecimiento del 11,66%. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha incrementado de forma notable sus préstamos en Europa y América del Sur, aunque no detalla por geografías sus exposiciones por niveles de riesgo.
Caixabank, la más castigada
Las mayores diferencias se han dado en Caixabank. El grupo que aglutina lo que antes eran la Caixa y Bankia ha sido la más castigada por la situación económica que se vive en la actualidad. Si en septiembre del pasado año los créditos "stage 2" ascendían a 13.464 millones de euros, en la actualidad suman 34.329 millones, casi un 155% más, aunque hay que tener en cuenta que la nueva Caixabank incorporó a su balance contable Bankia en el primer trimestre de este año.
Banco Sabadell, la cuarta entidad española más importante por volumen de activos, también ha sufrido los efectos de la situación económica derivada de la pandemia en sus cuentas. De los 9.347 millones de préstamos en vigilancia especial de septiembre de 2020 ha pasado a 12.231 millones, con un crecimiento del 30,85%.
En Bankinter, la situación se repite, aunque las cifras absolutas se reducen mucho. Bajo "sospecha" están 2.215 millones de euros (1.501 millones en septiembre de 2020). Abanca destaca en sus cuentas de los nueve primeros meses que tiene 1.960 millones bajo la lupa, cuando hace doce meses tenía 1.142 millones. Unicaja sólo distingue en sus estados contables entre créditos normales (53.079 millones) y dudosos (2.079 millones).
El Banco de España estima que la recuperación de la economía es todavía incompleta, especialmente en los sectores más afectados por la crisis sanitaria, como el transporte, la hostelería, el turismo o la fabricación de automóviles, aquellos que han acumulado los mayores incrementos de deuda bancaria y de crédito dudoso. Estos sectores, según el Banco de España, reúnen asimismo “los mayores deterioros latentes de la cartera de préstamos bancarios”. Según los datos de la banca de los nueve primeros meses, los préstamos con calificación de dudosos (“stage 3” o con 90 días o más de impago) ascienden a 69.797 millones de euros, un 7,55% más que hace doce meses.
