El proceso de reforma del sistema de la estiba portuaria está pasando una costosa factura económica que seguirá engordando si no hay acuerdo entre la patronal y los sindicatos a la hora de adaptarse a la nueva realidad. El último desencuentro entre las partes da paso a una nueva huelga, en este caso de 48 horas seguidas, en los puertos españoles, que se suman a los paros que se registraron durante la pasada semana. El montante total del proceso se eleva ya por encima de 150 millones de euros.
El Ministerio de Fomento calculó en 36 millones las pérdidas provocadas por los tres días de huelga de la pasada semana, en los que los paros fueron parciales, en horas alternas. En el caso de los paros convocados para los próximos dos días no habrá posibilidad de recuperar la actividad en las horas en las que los estibadores vuelvan al trabajo porque se trata de una huelga continuada. Las dos jornadas completas con los puertos prácticamente parados causarán pérdidas que rondarán los 50 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones que se manejan en el sector.
A todo ello hay que añadir los efectos del clima de tensión que se vive en los puertos desde que el Gobierno decidió acometer la reforma del sistema, ante la amenaza de la multa de la Comisión Europea por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que data de diciembre de 2014, que instaba al Reino de España a cambiar el régimen de la estiba, al considerar que atenta contra el principio de libre establecimiento.
Dichos efectos se han dejado sentir desde comienzos de año. Los operadores portuarios han denunciado en numerosas oportunidades que los estibadores estaban llevando a cabo huelgas de celo, extremo que siempre han negado los sindicatos. Una circunstancia en la que se han llegado a registrar descensos de la actividad hasta del 70%.
Incluso antes de que el Gobierno aprobara el primer Real Decreto-Ley sobre la reforma de la estiba, que fue posteriormente derogado en el Parlamento, algunas empresas expresaron su malestar en el seno de Anesco, la patronal de las estibadoras, por el hecho de que estaban siendo presionadas por los representantes de los trabajadores para rematar una negociación colectiva que contemplara la subrogación de los estibadores por parte de las compañías con el fin de garantizar el empleo, ante la próxima desaparición de las Sagep.
Las presiones se basaban en un descenso de la producción que colocaban en una complicada situación a las empresas, especialmente a las más pequeñas. El Gobierno trató de cortar de raíz este escenario con la aprobación del Real Decreto-Ley, aunque el tiro le salió por la culata. Los incidentes en los puertos se multiplicaron, la normativa no salió adelante y las pérdidas comenzaban a sumar varias decenas de millones de euros.
Por aquel entonces, a punto de cerrar el primer trimestre, los cálculos más pesimistas hablaban ya de unos 100 millones de euros. Las estimaciones más conservadoras se situaban en el entorno de los 45 millones.
Los cálculos más pesimistas hablaban ya de unos 100 millones de euros
Tras un periodo de cierta calma, especialmente cuando el Gobierno decidió sentarse en la mesa de negociación para tratar de que patronal y sindicatos llegaran a un acuerdo, la aprobación de un segundo Real Decreto-Ley, que en este caso sí recibió el apoyo del Parlamento gracias a la abstención de PdeCat, volvió a abrir la caja de los truenos.
Los sindicatos denunciaron que el Gobierno no había cumplido su promesa de aprobar un Decreto-Ley complementario para desarrollar la reforma, para cuya elaboración había asegurado que contaría con la opinión tanto de la patronal como de los trabajadores. Mientras, los empresarios han criticado el nuevo Real Decreto-Ley al considerar que el Gobierno se había plegado a la presión de los sindicatos.
Con este escenario, los operadores han vuelto a denunciar bajadas de producción y supuestas huelgas de celo, que han vuelto a elevar la factura de la crisis.
Y a todo esto podría añadirse la célebre multa de la Comisión Europea que, por el momento, no se ha hecho efectiva dado que la aprobación del Real Decreto-Ley ha paralizado el expediente sancionador. Sin embargo, no se descarta que, finalmente, el Gobierno deba hacer frente a una sanción que superaría los 23 millones de euros.
