El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha amenazado con la intervención a las comunidades autónomas que incumplan con el objetivo de déficit. Sin embargo, el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria implica una serie de pasos que tomarían al menos siete meses y, por lo tanto, impedirían la intervención hasta mediados de 2013.
Montoro ya manifestó hace escasos días su disgusto por las declaraciones de catalanes y andaluces sobre lo difícil que les resultaría reducir el déficit. A modo de aviso, el ministro publicará esta semana el grado de cumplimiento de todas las Autonomías conforme a los planes económico-financieros acordados en mayo.
No obstante, el mecanismo de intervención de las Comunidades es lento y está plagado de formalidades. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda debe presentar una amonestación razonada al Consejo de Ministros para que éste haga oficial la advertencia al ejecutivo regional.
A partir de ahí, el gobierno autonómico tiene un mes de plazo para atenerse a las exigencias de Hacienda. Durante esos 30 días, la Comunidad cuestionada observará como le suspenden las operaciones de endeudamiento, las subvenciones y los convenios.
Si aun así el gabinete autonómico continúa sin acatar las normas, entonces se le dará un ultimátum de 15 días para aprobar un decreto de no disponibilidad de créditos, es decir, recortes del gasto. Y a la vez tendrá que depositar el 0,2 por ciento de su PIB regional en una cuenta del Banco de España que le generarán intereses. A los tres meses de rebeldía, la cuenta dejará de devengar los intereses y, tres meses más tarde, Hacienda se quedará con ese dinero en concepto de multa.
En ese momento, se enviará a los hombres de la Intervención General del Estado a la Autonomía, con el fin de que dictaminen cuál es la situación y, en consecuencia, recomienden unas medidas que deberán acatar los funcionarios de la Comunidad. Esto ya se considera el primer peldaño de la intervención y tarda alrededor de siete meses.
Si a pesar de todo esto la Comunidad se resiste, el siguiente y definitivo escalón consistiría en el emplazamiento al Senado, donde se votaría por mayoría absoluta la ejecución forzosa de las medidas y el Gobierno de Madrid adquiriría la capacidad de ordeno y mando sobre todas las autoridades de la Comunidad Autónoma.
Se trata pues de un proceso harto largo y complicado, y en el que habrá mucho margen para la negociación. En cualquier caso, fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda reconocen que no se quiere pasar por el mal trago que conlleva, en términos políticos, intervenir una Autonomía.
Ni siquiera se hizo cuando se pudo con la Generalitat valenciana, con el propósito de dar ejemplo y trasladar un mensaje inequívoco a los mercados.
Además, el propio Montoro ya ha incidido en que les vale con que cumpla el conjunto. Traducido: en Hacienda tienen datos actualizados de la marcha de las cuentas regionales y creen que las mejores compensarán en parte las desviaciones de las indisciplinadas.
Por si fuera poco, Hacienda ya dispone de la mayor arma para atar en corto a las CCAA, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Sin éste, las Comunidades no tienen acceso a los mercados y las que atraviesan más dificultades se quedarían sin recursos con los que abonar nóminas en cuestión de muy poco tiempo. Al igual que en el método que Berlín emplea con respecto a España, el mercado es el instrumento de corrección más efectivo.
