El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, ya está en Luxemburgo para asistir a las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin. Aunque todo apunta a que el Brexit se va a convertir en el principal tema de debate entre los ministros de Economía y Finanzas de la UE este viernes, hablarán largo y tendido de los incumplimientos de déficit de España y Portugal en 2015. Es más, tendrán que aprobar las últimas recomendaciones emitidas por la Comisión Europea para estos dos países, pero una cosa se quedará en el aire: el año extra que falta para salir del procedimiento de déficit excesivo.
Fuentes gubernamentales han explicado a Vozpópuli que el hecho de que la Comisión decidiera aplazar a julio la certificación de la “falta de acción efectiva" del Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit en 2015, impide al Ecofin dar el visto bueno al año extra que se propuso para que España deje el saldo negativo de sus cuentas por debajo del 3%. Un procedimiento no se puede iniciar sin el otro, explican.
Bruselas decidió aplazar esta decisión para no influir en el proceso electoral del 26 de junio, puesto que la aprobación del dictamen negativo sobre España iniciaría el proceso para imponer una multa que puede llegar al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. “No es el momento económico ni político para tomar una decisión de este tipo”, señaló en aquel entonces el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.
El Gobierno asegura que no hay dudas sobre la concesión del año extra e insiste en que no habrá multa
Lo cierto es que la multa podría afectar considerablemente al país en términos de credibilidad, y más ahora que se van a volver a repetir las elecciones tras la falta de acuerdo de los partidos después de las elecciones del pasado diciembre. Sin embargo, el Gobierno está totalmente convencido de que finalmente no habrá multa. El propio Guindos lo dijo claramente en el debate del pasado domingo con los representantes económicos de los otros tres grandes partidos.
El Ejecutivo también está convencido de que el margen extra para reducir el déficit está garantizado, aunque haya que esperar a julio para obtener la certificación oficial y a pesar de los encontronazos que se han producido en el seno de la Comisión por la falta de aplicación de las normas. Las discusiones, en cualquier caso, se han producido entre los gobiernos y la Comisión, no con España.
Y no solo algunos gobiernos han criticado a la Comisión, las dudas sobre la eficacia de unas normas que nunca se cumplen también han llegado a España. Organismos como la Autoridad Fiscal o el Banco de España han elevado un poco la voz en los últimos tiempos para advertir de la incongruencia que supone endurecer el Pacto de Estabilidad y luego no aplicarlo. "A la Comisión le entra el vértigo cuando tiene que poner una multa", llegó a afirmar el presidente de AIReF, José Luis Escrivá.
La Comisión nunca ha puesto una multa
De hecho, los países miembros de la UE se han saltado 165 veces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en 114 ocasiones lo hicieron sin justificación alguna y asumiendo el riesgo de que la Comisión Europea les multara por no haber situado el saldo por debajo del 3%. Pero lo cierto es que la Comisión nunca ha puesto una sanción por este motivo. Ésta es una de las razones por las que Guindos confía fuertemente en que España no sea sancionada.
El aplazamiento de la decisión de la Comisión afectará solo a la recomendación relativa al tema fiscal. Es decir, la que sugiere a España una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017 mediante la adopción de las medidas estructurales necesarias y el uso de cualquier margen para la consolidación fiscal. Es más, Bruselas exige una mejora del equilibrio estructural del 0,25% del PIB en 2016 y del 0,5% del PIB en 2017 y una aplicación estricta de la Ley de Estabilidad.
El Ecofin si aprobará el resto de recomendaciones sobre el mercado laboral, la educación y la unidad de mercado
El Ecofin si aprobará, en cambio, el resto de recomendaciones, como la tomar medidas adicionales para mejorar la integración en el mercado laboral a través del apoyo individualizado y el fortalecimiento de formación. También se pide a España que mejore la capacidad de los servicios regionales de empleo y que refuerce la coordinación con los servicios sociales. Además, se exige una eliminación de diferencias y disparidades en sistemas de ingresos mínimos y una mejora de los sistemas de apoyo de la familia.
En la tercera recomendación, Bruselas pide a España más medidas para mejorar la adecuación de la enseñanza universitaria al mercado laboral, con incentivos para la cooperación entre las universidades, las empresas y la investigación. Además, reclamará un aumento de la financiación basado en el desempeño de público de los organismos y las universidades y que se fomente la inversión de I+D en el sector privado.
En la cuarta y última recomendación, la Comisión reclama un impulso a la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado a nivel regional, la aplicación de reformas en el sector minorista en las comunidades autónomas y la reforma de los servicios profesionales y asociaciones. En cualquier caso, estas recomendaciones son las que reclamará Bruselas al nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del 26J.
