A pesar de que el Gobierno español haya recortado el agujero presupuestario a la mitad, la Comisión Europea le reprocha la falta de esfuerzos a la hora de atajar el llamado déficit estructural, ése en el que se neutraliza el efecto del ciclo económico sobre las cuentas públicas y que, por consiguiente, no tiene en cuenta el impacto de la crisis. Pese a que se había contraído el compromiso de rebajar ese déficit en 0,8 puntos del PIB en 2015 y 1,2 puntos del PIB en 2016, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no va a reducirlo. Es más, según los cálculos de Bruselas lo va a subir, dejándolo a finales de 2016 siete décimas por encima de 2014.
A juicio de los analistas de la Comisión, el déficit estructural se situará al cierre de 2016 en el 2,5 por ciento del PIB, siete décimas más que el 1,8 por ciento del PIB registrado en 2014. Lo que significa que la consolidación fiscal está descansando en la recuperación del ciclo e iniciativas puntuales, no en medidas estructurales y por lo tanto con carácter permanente. Es decir, a poco que se revertiese el ciclo, el déficit en parte retornaría si se atiende a las proyecciones que elaboran los hombres de negro. A todas luces, parece que la bajada de impuestos y la subida de salarios en el sector público están erosionando el esfuerzo de ajuste estructural.
En el plan presupuestario que el Gabinete de Rajoy ha remitido a Bruselas se alega que el desfase estructural disminuirá en 0,7 y 0,5 puntos del PIB en 2015 y 2016, respectivamente. Sin embargo, la Comisión rectifica estas cifras porque considera que hay una serie de medidas que ha tomado el Gobierno que aumentan el déficit y que no se pueden calificar de puntuales o 'one off', así que hay que contabilizarlas como estructurales y con un impacto permanente en las cuentas.
La bajada de impuestos y la subida de salarios en el sector público están erosionando el esfuerzo de ajuste estructural
Y entre ellas el Ejecutivo comunitario señala especialmente tres: la tarifa plana cuyo coste asciende a los 1.000 millones, el adelanto de la rebaja de impuestos que se estima en unos 1.000 millones y la devolución de la paga extra que precisará de un desembolso de otros 2.000 millones de euros.
Una vez sustraídas esas rúbricas del cálculo de déficit estructural, la Comisión concluye que en realidad este desfase se corrige en 0,2 puntos en 2015 y permanece igual en 2016. Sin embargo, esos números responden a las cifras que produce el Gobierno. La Comisión en cambio elabora sus propias cuentas y el resultado es que el déficit estructural empeora en cinco décimas en 2015 y en dos décimas en 2016. De modo que el desfase estructural engordará en siete décimas en total entre este año y el que viene, alcanzando el citado 2,5 frente al 1,8 anotado en 2014. Casualmente o no, esas siete décimas que se deteriora el déficit estructural coinciden con el coste de la rebaja fiscal de Montoro, valorada en el entorno de los 7.000 millones de euros.
¿Y a qué se debe esas diferencias de criterio en los cálculos? Básicamente discrepan sobre el crecimiento potencial de la economía. La Comisión le brinda a España un déficit estructural mayor porque considera que la capacidad de crecimiento de la economía es algo menor de la que valora el Gobierno, si bien reconoce que puede no estar midiendo todo el esfuerzo fiscal por hasta tres razones: que en el cambio de coyuntura se suele sobreestimar el componente cíclico del ajuste; que no contabiliza los controles que se han puesto al acceso a la prestación por desempleo o el hecho de que no tenga en cuenta que hay parados de larga duración que están recibiendo un subsidio de 400 euros.
En cualquier caso, la previsión de incumplimiento hace que España tampoco alcance en 2016 el llamado superávit primario, esto es, el superávit tras descontar el capítulo de los intereses de la deuda, muy importante porque implica que se estabiliza el endeudamiento y que los intereses se pagan solos con el crecimiento. De acuerdo con las predicciones comunitarias, éste se situará todavía en un -0,6 por ciento del PIB y no en el 0,1 que prevé el Ministerio de Hacienda. De cumplirse este augurio, nuestro país seguiría cargando con el estigma de ser el único de toda Europa que aún no lo ha logrado.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, España será el único país de toda la UE que en 2016 todavía no haya conseguido el superávit primario
Para explicarlo en pocas palabras, los ingresos por cotizaciones se están quedando por debajo de lo esperado, se han bajado impuestos y se han subido salarios de los empleado públicos. Es decir, por esa parte el déficit no se está corrigiendo. Por el contrario, la recaudación tributaria marcha a buen ritmo y los desembolsos en paro e intereses caen. Sólo que estas mejoras obedecen a una condición cíclica y, en consecuencia, no suponen un ajuste estructural. De ahí que el déficit estructural en realidad esté empeorando. Además, todo apunta a que en 2016 esos elementos no compensarán lo suficiente las desviaciones de otras partidas. De modo que el Gobierno ha tenido que fijar en su plan enviado a Bruselas medidas con las que lograr ahorros. Y estas iniciativas se han centrado sobre todo en el gasto de las Comunidades y las entidades locales.
Sin embargo, el Gabinete de Rajoy no las ha concretado todo lo que las instituciones europeas quisieran. En opinión del Ejecutivo comunitario, no se justifican ni los ahorros en sanidad ni los recortes de la reforma local. Tampoco parecen justificados a su entender los ingresos por la lucha contra el fraude, las ventas de activos o las concesiones. Se estima que la tarifa plana costará más de lo previsto y que el gasto en personal repuntará más de lo planeado. Por no hablar del impuesto a las transacciones financieras paneuropeo, que el Gobierno introduce pero que la Comisión no admite por no estar ni siquiera aprobado. Además, los hombres de negro señalan que se ha elevado un poco más de la cuenta la previsión del precio del petróleo, lo que a su vez sube la inflación y el PIB nominal, reduciendo el déficit en porcentaje del PIB.
