La Comisión Europea ha dado una tregua a España en materia de déficit para no influir en el proceso electoral del 26 de junio y ha decidido aplazar hasta principios de julio la decisión que debe tomar para certificar la "falta de acción efectiva" del Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit en 2015.
Este dictamen negativo sobre España iniciaría el proceso para imponer una multa que puede llegar al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, algo que podría afectar considerablemente al país en términos de credibilidad, y más ahora que se van a volver a reptir las elecciones tras la falta de acuerdo de los partidos.
Bruselas también ha decidido aplazar la decisión sobre Portugal
El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario se ha reunido este miércoles para debatir si España y Portugal tomaron acciones efectivas para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. Sin embargo, Bruselas ha decidido aplazar la decisión final sobre esta cuestión en ambos casos. Nunca antes se ha multado a un país de la UE por este motivo.
"En línea con su deber de supervisar la implementación del procedimiento por déficit excesivo bajo el artículo 126 del Tratado, la Comisión volverá a la situación de estos dos Estados miembros a principios de julio", reza el comunicado. De esta forma, el proceso que desencadenaría en una sanción se iniciaría después de las elecciones generales.
"No es el momento económico ni político"
El comisiario de Asuntos Económicos y Monetarios, Piere Moscovici, ha asegurado en la rueda de prensa que no es el momento económico ni político para tomar una decisión de este tipo, por lo que el tema volverá a tratarse a principios de julio porque la Comisión tiene la firme voluntad de hacer que se respeten las reglas.
Bruselas se debatía entre mostrar esta firmeza cuanto antes o dejar que pasara algo más de tiempo para no influir en el proceso electoral español. Finalmente se ha decantado por la segunda opción, aunque Moscovici ha querido ser muy claro en la necesidad de cumplir el Pacto de Estabilidad.
¿Cómo sería la multa?
Si finalmente en julio la Comisión aprueba el dictamen negativo sobre España, el país entrará en un procedimiento "agraviado" de déficit excesivo, también conocido como 'step up', que implica una vigilancia reforzada de las cuentas por parte de las instituciones comunitarias cada tres meses, es decir, la vueta de los 'hombres de negro'.
Si finalmente hay sanción económica, España podrá derivar parte de la multa a las CC.AA.
Dicho dictamen se enviaría después al Ecofin, que tendrá que confirmar esa "acción no efectiva" y pedir a la Comisión que proponga la multa en un plazo de 20 días. El Gobierno, por su parte, tendría 10 días para poner de manifiesto sus argumentos e intentar evitar la sanción.
La multa inicialmente rondaría los 2.000 millones, pero la Comisión podría rebajar el importe si atiende a las razones del Ejecutivo español e incluso fijar una 'multa cero' para no generar desajustes en las cuentas. En cualquier caso, si llegara a a haber sanción económica, España podría derivar parte de la misma a las CC.AA. por ser responsables del desvío de 2015.
