Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los agentes, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han constatado un fraude de 3.317.689,66 euros a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, relacionadas con el arbitraje, el asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.
En la mayoría de los casos, los detenidos utilizaban la figura jurídica de asociación, debido a que los instrumentos que prevé la ley para regular las exigencias contables, de verificación de cuentas, publicidad y control de actividad empresarial, "son mucho menos estrictos que la legislación mercantil".
Así, todas las empresas compartían una misma unidad de dirección, formada por el presunto responsable de la trama, su ex pareja y la madre de este. Dos de los fundadores, abogados ejercientes con conocimientos en derecho, utilizaban a la madre del cabecilla de ochenta años como testaferro.
De esta forma, los detenidos pretendían aparentar una dirección de empresas independientes, pero en realidad formaban un sólido grupo empresarial. Por ello, se facturaban entre ellas con el objetivo de ocultar el patrimonio e impedir la ejecución sobre los bienes de los deudores por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Con el fin de eludir el pago a la Seguridad Social, los detenidos realizaban trasvases de los trabajadores entre las distintas entidades, daban de alta a trabajadores en empresas con actividad insignificante y reducían la plantilla en otras que tenían una importante actividad económica.
Según mostraban los informes patrimoniales, las empresas no tenían bienes pese a que en las actas fundacionales de las asociaciones y en las escrituras de constitución de las empresas aparecían patrimonios, fondos sociales o capitales sociales muy elevados.
A los detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social a consecuencia de la deuda generada con las empresas investigadas. En muchos de los casos, superaron la cuantía de delito económico contra la Seguridad Social, cifrado en 50.000 euros en cuatro años, incluso superando el tipo agravado de 120.000 euros. También se les imputa un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas con el fin de obstaculizar y dificultar el cobro de la misma.
Venta de seguros falsos
Además del fraude a la Seguridad Social, los detenidos estaban acusados anteriormente por un dudoso negocio que consistía en la venta de seguros contra inquilinos morosos en cuyo contrato se establecía que, en caso de desalojo, el procedimiento no tenía coste alguno. Sin embargo, una vez se activaba el desalojo en los tribunales, los propietarios tuvieron que abonar una serie de gastos. Más de 200 personas se querellaron por estafa a consecuencia de estos hechos.
En el momento de la detención por agentes de la Policía Nacional, al acusado principal le constaban tres órdenes de detención y una orden de averiguación de paradero y domicilio todas ellas en vigor.
