La deuda pública va a ser uno de los grandes problemas de la economía española en los próximos años. Cerró el año pasado en el 98,3%, como estaba previsto y bajará en 2018 al 97,6%, según consta en los Presupuestos del año 2018. Pero en 2020 seguirá en el 92% y podría enquistarse en el 85% si no se toman medidas para reducir el déficit estructural que sufren las administraciones públicas.
Así lo avisa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su última publicación, donde asegura que la deuda se mantendrá en niveles muy elevados en los próximos años y avisa de que su senda de sostenibilidad dependerá de la disciplina fiscal. Un escenario fiscal sin medidas lastraría la dinámica de reducción, sostiene.
La Ley de Estabilidad obliga a reducir este parámetro al 60% en el año 2020, un objetivo que cuando se planteó parecía alcanzable, pero que hoy es a todas luces imposible. De hecho, el Gobierno ha incluido ya previsiones para dentro de dos años en los Presupuestos de 2018 y fija en el 92% la deuda en 2020, más de 30 por encima del objetivo que marca la ley.
Para llegar al 60% que marca la Ley de Estabilidad dentro de 15 años habría que dedicar todos los esfuerzos a reducir la deuda
El propio presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, dijo hace solo una semana que, en el mejor de los casos, la deuda tardaría al menos 15 años en bajar del 60%. Y que para conseguirlo, habría que dedicar todos los esfuerzos a este fin. ¿Y si no se hace nada? Eso es lo que nos ha aclarado el organismo fiscalizador en su última presentación. Sin medidas, la deuda podría enquistarse en el 85% del PIB.
Por eso la Autoridad Fiscal resalta la importancia de cumplir las reglas fiscales y actuar para reducir el déficit estructural, que ronda el 2% del PIB. Si no, no habrá forma de bajar la deuda a niveles más sostenibles. Y lo cierto es que se tiende poco a cumplir las reglas fiscales. El año pasado, por ejemplo, se llegó al objetivo de déficit, pero no se redujo dos puntos la deuda a pesar de que el PIB superó el 2%. Y eso es precisamente lo que exige la regla fiscal.
De hecho, el Gobierno, en lugar de contener la deuda, ha decidido utilizarla para financiar las pensiones y no agotar así el Fondo de Reserva. El año pasado emitió más de 10.000 millones para prestárselos a la Seguridad Social y este año emitirá unos 15.000 millones para el mismo fin. Además, cogerá casi 4.000 millones de la 'hucha de las pensiones'.
La política del BCE
Aún así, la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y las compras de deuda han permitido contener la prima de riesgo y reducir así la partida presupuestaria que el Gobierno dedica cada año a pagar los intereses de la deuda. En concreto, este año se dedicarán unos 31.500 millones del Presupuesto, casi un 2% menos. Aunque sigue siendo alta, la cifra está ya lejos de los máximos registrados en los peores años de la crisis.
El problema es que esta política se acerca a su fin. Todos los expertos dan por hecho que los tipos de interés seguirán tan bajos como hasta ahora en 2018, pero la subida podría llegar unos meses después, en 2019. Y cuando ese ocurra, la prima de riesgo podría verse alterada, lo que volvería a elevar la factura de la deuda. España debería llegar preparada a ese momento.
