El BCE tiene ya prácticamente ultimado el mecanismo con el que comprará deuda pública de los países en dificultades. El propio Jörg Asmussen, representante alemán en el comité ejecutivo de banco central, dijo hace escasos días que esta herramienta está mejor diseñada que el SMP, el sistema de compras de deuda utilizado antes y que lleva medio año sin emplearse. Precisamente lo que se interpretó como que el organismo sito en Fráncfort tenía ya toda la ayuda perfilada.
Y ayer el mismo Asmussen declaró que el BCE discutirá los detalles en su próxima reunión del 6 de septiembre y que el programa de compras se llevará a cabo pese a la oposición del Bundesbank. De hecho, la institución ya está contratando personal para reforzar su equipo de adquisiciones de títulos estatales.
Tanto el presidente del BCE, Mario Draghi, como Asmussen han anunciado en varias ocasiones que las compras se concentrarán en el corto plazo del mercado secundario. De esta forma, la deuda vence pronto y se puede evitar la acusación de que el organismo está financiando a los Estados, hecho que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha criticado con dureza. Con el fin de contestar tales ataques, Asmussen indicó ayer que el diseño del programa despejará todas las dudas.
El BCE justificará esta nueva iniciativa argumentando que la transmisión de la política monetaria no funciona debido a los vaivenes de los mercados. Sin embargo, al mismo tiempo debe hacer frente a los reproches del ala dura germana de que esto sólo servirá para relajar los esfuerzos reformistas de los Gobiernos. No en vano, Wiedmann comparó el pasado fin de semana a estos países con drogodependientes. Así que para contentar a estos halcones será necesario que la ayuda lleve aparejada condiciones.
Sin embargo, el BCE no dispone de la estructura con la que controlar el cumplimiento de las reformas. De ahí que Mario Draghi haya afirmado que el país auxiliado debe pedir formalmente el rescate. Eso significa que éste pasará por los procedimientos habituales y que habrá de solicitar la asistencia al fondo europeo. Éste comprará deuda directamente de los países antes que el BCE lo haga en el secundario y vigilará que los Gobiernos no descuidan sus compromisos.
A la vez, Draghi tendrá que prometer de alguna forma que el apoyo es ilimitado con tal de alejar la especulación. Se ha hablado de que fije algún tipo de techo a los intereses de la deuda e intervenga en cuanto éste se sobrepase. No obstante, semejantes límites enseguida pueden ser puestos a prueba por los inversores, de modo que no parece probable que algo así se apruebe.
Otro problema con el que ha de lidiar Draghi es el estatus de acreedor preferente que tiene el BCE con todos los títulos que adquiere. Este carácter prioritario implica que a la hora de cobrar los demás acreedores se pondrán a la cola del banco central, lo que termina ahuyentando todavía más a los inversores.
Y todo ello servirá de muy poco si la UE no avanza en la unión bancaria y fiscal. A menos que se den pronto serios pasos en este sentido, los mercados ignorarán al BCE, apostarán por la ruptura del euro y la presión se recrudecerá.
Tras todas las reuniones sobre Grecia durante la semana pasada, comienzan tres semanas en las que España atraerá todos los focos. Rajoy se ve hoy con Van Rompuy; el jueves con Hollande; el día 6 con Merkel; el 11 con el presidente finlandés, Jirky Katainen, y el 12 se conocerá el dictamen del Constitucional alemán sobre el fondo de rescate europeo permanente. El 14 de septiembre tendrá lugar un Eurogrupo y para entonces el Gabinete de Rajoy muy seguramente ya habrá negociado buena parte de las condiciones del rescate. Empiezan tres semanas decisivas.
