El Estado por fin ha logrado frenar la sangría que ha supuesto durante la crisis el endeudamiento de las empresas públicas. Desde finales de 2008, la deuda se había elevado en unos 20.000 millones hasta los 55.000 millones a mediados de 2011, según datos del Banco de España. Sin embargo, durante los últimos 12 meses, esta cifra se ha mantenido estable.
Se calcula que hay más de 3.000 empresas públicas en España. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mostró su enfado con las Comunidades Autónomas en julio porque éstas sólo habían liquidado 2 de las 600 cuyo cierre habían comprometido.
Este tipo de sociedades han sido empleadas a veces para sortear la legislación y bien poder contratar a dedo librados de ataduras o bien poder endeudarse sin reflejarlo en las cuentas. Y el peor problema que afrontan reside en su deuda comercial, aquella que deben a los proveedores y no está anotada en los libros.
Alertado por ello, el órgano europeo encargado de censar las cuentas públicas, Eurostat, ha estrechado en los últimos tiempos la vigilancia sobre cómo se contabilizan estas sociedades.
Por otra parte, la deuda total del Estado ha superado la cifra récord de los 800.000 millones, hasta alcanzar el 75,9 por ciento del PIB. Las autonomías copan 150.000 millones de ese montante, lo que representa un incremento de 9.000 millones en el primer semestre de 2012.
La deuda de las Administraciones Públicas se ha disparado en unos 100.000 millones durante los últimos 12 meses. El aumento casi se corresponde con el desendeudamiento en 90.000 millones que el sector privado, empresas y familias, ha llevado a cabo en el mismo periodo. Los hogares han recortado su carga financiera en cerca de 35.000 millones para situarla en los 883.000 millones, mientras que las compañías la han rebajado en unos 54.000 millones hasta los 1,27 billones.
Semejante evolución supone una señal preocupante para la economía porque el ajuste de la carga no termina de producirse. El problema de la deuda se está básicamente trasladando desde el sector privado al Estado vía banca, pues las entidades están disminuyendo sus créditos a empresas y familias al tiempo que prestan y compras títulos a las Administraciones.
