Hay detalles en los que, a buen seguro, van a evitar entrar algunos gobiernos autonómicos cuando dentro de cinco meses tengan que rendir cuentas ante sus ciudadanos en las elecciones de mayo. Algunos de ellos tienen que ver con la forma en que se han financiado y con el camino que han elegido en los últimos años de sequía crediticia para acceder a los mercados. Un primer balance hecho desde el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro invita, cuando menos, a la reflexión. En él se constata que hay ocho comunidades que han pagado un sobrecoste de financiación de 1.887 millones de euros entre 2012 y 2014 por haber dado la espalda a las vías que les ha ofrecido el Estado para cubrir mejor sus servicios.
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la comunidad valenciana, las que más han aprovechado el auxilio financiero del Gobierno
Madrid es la comunidad que encabeza, según los datos facilitados por Hacienda, los mayores sobrecostes, hasta un total de 875 millones de euros. La decisión del Gobierno regional que preside Ignacio González de no acudir al Fondo de Liquidez Autonómica ha costado cara a los contribuyentes, una situación similar a la que padecen los que residen en el País Vasco (251 millones de sobrecoste), Galicia (211), Castilla y León (186), Aragón (177), Extremadura (103), Navarra (55) y La Rioja (26).
Estos datos se conocen cuando el Gobierno acaba de aprobar el real decreto de sostenibilidad de las administraciones autonómicas y locales por el que éstas podrán obtener un ahorro superior a los 1.400 millones de euros a través de una financiación al 0% de interés durante tres años. El doble objetivo del Ministerio de Hacienda es facilitar la liquidez de las comunidades para que puedan atender mejor los servicios que prestan al ciudadano y, al mismo tiempo, abaratar su coste de financiación ahora que el Tesoro lo está haciendo a un tipo medio del 1,3%. La premisa de la que parte el Gobierno es muy sencilla: es mucho más barato financiarse a través del Estado que por separado. “Cuando más se trocee el endeudamiento, más caro sale”, se resume en Hacienda. En total, las facilidades financieras que se ponen a disposición de comunidades y ayuntamientos el año que viene sumarán casi 40.000 millones de euros, sumados todos los fondos que ha diseñado el Ejecutivo.
Uso desigual de la autonomía financiera
Si bien los mecanismos extraordinarios de liquidez aplicados por Hacienda hasta ahora han permitido que las comunidades en su conjunto ahorren 1.127 millones de euros y los ayuntamientos 170, el cuadro general no ofrece una foto excesivamente brillante, pues los diferentes gobiernos regionales han utilizado de forma desigual su autonomía financiera. Los que más han aprovechado el auxilio del Gobierno para reducir costes y financiarse, por tanto, de forma más barata, han sido los de Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y la comunidad valenciana. El Estado es ya acreedor de más del 54% de la deuda que en estos momentos tiene contraída el Gabinete presidido por Susana Díaz. Este porcentaje se eleva hasta casi al 58% en el gobierno murciano, presidido por Alberto Garre, al 55,5% en el que dirige María Dolores de Cospedal desde Toledo, y casi al 53% en el que preside desde Valencia Alberto Fabra.
Hacienda abre nuevas vías para mutualizar la deuda
La perplejidad se sitúa en el extremo opuesto: Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, no ha cedido ni siquiera el 2% de su deuda al Estado, caso comparable al de Madrid, con solo el 5%, y a los de Galicia y La Rioja, que hasta ahora han dado completamente la espalda al proceso de mutualización de la deuda aplicado desde el Gobierno, siguiendo también los ejemplos del País Vasco y Navarra. En el caso de Cataluña, el Estado ya asumido más del 48% de sus obligaciones, que superan los 60.000 millones de euros.
El Estado es ya acreedor del 54% de la deuda de Andalucía, mientras que el porcentaje es cero en Galicia y Extremadura
En el decreto aprobado este viernes por el Ejecutivo se abren nuevas vías para mutualizar la deuda y abaratar los costes financieros de las diferentes administraciones, teniendo en cuenta la necesidad que éstas tienen de liquidez y su alto endeudamiento. En el caso de las comunidades, supera los 232.000 millones de euros y en de los ayuntamientos, los 40.000. La meta es que el conjunto de esta deuda quede mutualizada al 100% para rentabilizar al máximo las buenas condiciones en las que se viene financiando el Estado.
El nuevo mecanismo de Facilidad Financiera aprobado por el Consejo de Ministros es complementario al del Fondo de Liquidez. Los gobiernos regionales tienen de tiempo para aceptar esta vía hasta mediados de enero.
