El sector privado ha logrado dejar sus pasivos netos con el exterior en el entorno del 7 por ciento del PIB a fecha de junio de 2015, un descenso de 59,7 puntos de PIB desde los niveles registrados al comienzo de la crisis según las cuentas financieras del Banco de España. O lo que es lo mismo, empresas y hogares han rebajado su deuda neta con el extranjero en unos 600.000 millones de euros, un esfuerzo tal que no tiene parangón en cualquier otra economía del mundo. Estos datos netos contabilizan la diferencia entre los activos y pasivos que tienen los distintos agentes.
Sin embargo, tamaño esfuerzo esconde truco. Al mismo tiempo, la deuda pública externa se ha disparado en 58,4 puntos del PIB, situándose en los 83,8 puntos y neutralizando todos los sacrificios del sector privado. En este caso, como las Administraciones apenas cuentan con activos fuera de nuestras fronteras, toda la deuda pública frente al exterior es, de facto, una deuda neta. Si hasta 2007 la deuda privada se desbocaba mientras la pública se desplomaba, ahora se recorre el camino inverso. En realidad, podría decirse que se ha producido una gran transferencia de obligaciones financieras desde el sector privado al público, que ahora opera bajo la todopoderosa garantía del BCE. En parte, esto se ha hecho a través del rescate bancario y el traspaso de activos inmobiliarios a la Sareb. Pero como apunta el economista Diego Barceló, ese endeudamiento sobre todo procede de un déficit público descontrolado a consecuencia del gasto en las pensiones, las prestaciones de desempleo y los intereses de la deuda a la vez que la recaudación tributaria se desmoronaba. "Hemos recortado en todo lo demás para poder aguantar el gasto social", insiste siempre el ministro Montoro.
Si hasta 2007 la deuda privada se desbocaba mientras la pública se desplomaba, ahora se recorre el camino inverso
A cierre de 2014 con datos del BIS, España es el tercer país del mundo con más endeudamiento total bruto al sumar familias, empresas y Administraciones Públicas un 293 por ciento del PIB, sólo por detrás de Japón y Suecia con un 393 y un 295 por ciento, respectivamente. En la eurozona, Francia e Italia andan también peligrosamente alrededor del 280 por ciento del PIB. Sin embargo, la diferencia con todos estos países radica en que presentan mucha menos deuda externa neta. De acuerdo con las cifras facilitadas por Eurostat, Italia tiene una deuda neta externa del 63 por ciento del PIB; Suecia del 48 por ciento y Francia del 40. Por su parte, Japón mantiene de hecho una posición acreedora con respecto al resto del mundo. Todas estas economías acumulan más activos fuera de sus fronteras, se autofinancian en mayor grado y, por lo tanto, son mucho menos vulnerables a los vaivenes procedentes del exterior.
Por el contrario, España carga con una deuda externa neta del orden del 88,6 por ciento del PIB según las cuentas financieras del Banco de España. O del 93,8 por ciento si atendemos a la posición neta de inversión internacional también registrada en la institución sita en Cibeles. Se trata de unos niveles sólo superados por poco por Grecia, Portugal y Chipre; caso aparte es el de Islandia cuyas cotas de endeudamiento externo superan de largo el 350 por ciento del PIB. Semejantes registros nos colocan en una situación muy delicada en el supuesto de que retornase la aversión al riesgo y subiesen los tipos de interés, si bien ahora el BCE ha puesto todo su músculo financiero en pos de la estabilidad de la zona euro.
Por otra parte, estos guarismos también ponen de manifiesto que el saneamiento de las cuentas públicas ocurrido durante la primera década del siglo se sostenía gracias al endeudamiento de las empresas y familias, los cuales disfrutaban de unos tipos de interés reales negativos por una política monetaría más apropiada para Alemania que para la periferia. Es decir, una vez tenida en cuenta la inflación en realidad les estaban pagando por endeudarse. En esas condiciones, había que ser tonto para no tomar el crédito. Como así lo hicieron. Combinado con un incentivo fiscal a las compras en el exterior, las grandes empresas se lanzaron al abordaje de activos foráneos, con el resultado ya conocido de que se han convertido en las más apalancadas del mundo. De hecho, mientras que en la actualidad las familias presentan un activo neto de 1,2 billones de euros con el exterior, el 112,1 por ciento del PIB, en cambio las empresas todavía arrastran una deuda neta externa por valor de 1,3 billones de euros, el 126 por ciento del PIB.
Al mismo tiempo y también favorecida por los incentivos fiscales, la burbuja inmobiliaria se hizo más y más grande. Una bonanza sobre la que cabalgó el propio Estado, que pudo engordar su tamaño merced a un sistema tributario especialmente diseñado para ordeñar con ahínco la actividad del ladrillo, aprovechando desde los impuestos por Transacciones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados hasta el IBI, pasando por el IVA de la venta de vivienda o las ventas de terrenos de los municipios.
Pero el advenimiento de la crisis lo cambió todo. A pesar de que la recaudación se derrumbó en unos 70.000 millones de euros, el Estado intentó mantener sus desembolsos a fuerza de aumentar la deuda y de elevar la presión fiscal con más de medio centenar de alzas tributarias. Y así se ha producido una gran transferencia desde los que mantuvieron su trabajo a los parados con prestación, los pensionistas, los empleados públicos, los depositantes de las entidades rescatadas y las estructuras del Estado como las Comunidades Autónomas o las diputaciones.
Según quien lo diga, se puede argumentar que esa transferencia impidió que la economía se contrajese más. O al contrario, que impidió que la economía se ajustase antes y comenzase a crecer con más fuerza. En cualquier caso, como resultado, entre 2007 y 2014 la deuda total bruta escaló en 50 puntos hasta el 293 por ciento del PIB antes mencionado. Mientras que la familias se desendeudaron en 10 puntos del PIB y las empresas en 14, el sector público sumó durante la Gran Recesión otros 74 puntos del PIB adicionales de deuda, más que ningún otro Estado del mundo según los datos del BIS.
Entre 2007 y 2014 la deuda total bruta escaló en 50 puntos hasta el 293 por ciento del PIB
La pequeña buena nueva, no obstante, consiste en que durante los últimos seis meses la deuda neta con el exterior incluyendo al sector público y privado se ha moderado hasta el 88,6 por ciento del PIB frente al 93,2 por ciento del cierre del año pasado con datos de las cuentas financieras. Ni más ni menos que un recorte del orden de los 50.000 millones de euros en el transcurso de seis meses, el mayor de la crisis aunque es verdad que esta evolución también se encuentra sujeta a los precios de los activos y la cotización de las divisas en las que están esos activos.
Todavía queda mucho para poder achicar nuestra peligrosa exposición a la deuda. A falta de un proceso inflacionario que contribuya a rebajar su peso, el montante ha de recortarse a golpe de sacrificadas ganancias de competitividad frente a nuestros socios comerciales. Por el momento, se cuenta con el inestimable impulso de un petróleo barato. Pero las descomunales cantidades que hay que recortar implican el mantenimiento constante de superávits durante años, algo que España nunca ha logrado de forma sostenida. Por si fuera poco, algunos economistas señalan que no sólo importa la deuda externa neta. También hay que aminorar el total bruto señalado por el BIS. En tanto que estemos en el euro, todo el dinero, ya sea español o extranjero, puede salir por piernas hacia otro país tal y como comprobamos durante la crisis de la deuda soberana. Entonces no valía lo mismo un euro en Alemania que en España. Y los euros españoles también se marchaban hacia Berlín, lo que estuvo a punto de conducir a nuestro país al impago. De repetirse el fenómeno, eso significaría que se dejaría de refinanciar toda la deuda, no sólo la externa.
La única manera indolora de facilitar la digestión de los excesos crediticios consistiría en la mutualización de las deudas en Europa. Una estrategia que, en parte, se ha comenzado a practicar de manera encubierta vía el BCE. En el fondo, las adquisiciones de títulos públicos de Mario Draghi suponen la financiación de esa gran transferencia hecha desde el sector público al privado.
