Es una de las principales fuentes de ingresos de la Dirección General de Tráfico. Las multas de los radares fijos y móviles que tienen desplegados por todo el territorio nacional –excepto en País Vasco y Cataluña donde la Ertzaintza y los Mossos d´esquadra tienen transferidas las competencias de Tráfico– superan de largo cada año los dos millones de denuncias con recaudaciones que se acercan a los 200 millones de euros.

Pero todo es poco para la DGT en materia de sanciones de tráfico y va a ampliar aún más la red de radares por las carreteras españolas. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado la inversión de 14 millones de euros en equipos de radares, tanto fijos como de tramo de carretera, para supuestamente incrementar la seguridad en las vías y reducir el número de accidentes de cara al periodo vacacional.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de esta inversión llevada a cabo por el Ministerio del Interior con el objetivo de reducir el número de accidentes en las carreteras, especialmente en estos días de vacaciones de verano.

Ha recordado que el pasado 2021, un total de 1.004 personas fallecieron en accidentes de tráfico, muchos de los cuales se debieron al exceso de velocidad, y ha pedido precaución en los desplazamientos.

¿Seguridad o fuente de ingresos?

Pero en el fondo de la cuestión, sin duda el afán recaudatorio está por encima de la seguridad, y son muchos los radares, como hemos comprobado en Vozpopuli tanto en autovías o autopistas como en carreteras secundarias especialmente en el caso de los móviles, su ubicación rara vez atiende a un tramo peligroso como elemento disuasorio quedando más o menos a la vista, sino que están escondidos en lugares en los que por el tipo de trazado apenas hay accidentes por la seguridad que ofrece el mismo, y están ocultos para “cazar” la mayoría de las veces a velocidades ligeramente por encima de la legal en largas rectas de autovías e incluso autopistas de peaje en las que el peligro es prácticamente inexistente.

Una importante fuente de ingresos que con la nueva inversión va a permitir ampliar aún más el mapa de radares que salpican nuestras carreteras y superar seguramente las cifras de recaudación de los últimos años.

Basta comprobar alguno de los estudios realizados al respecto para comprobar la eficiencia recaudatoria de alguno de ellos, y es que tan solo 50 radares, de los cerca de mil que dispone la DGT, formularon casi el 40% del total de denuncias (941.061) según los últimos datos conocidos del años 2020. De ellos, veintiséis ya aparecían en el ranking de cinemómetros más activos en años anteriores y veinticuatro se correspondían a nuevos emplazamientos.

Respecto de los radares que más denuncias formulan, el más activo de España se encuentra ubicado en el kilómetro 246 de la A-7, en Málaga, con un récord de casi 49.000 denuncias. A la vista del importante número de denuncias formuladas, a pesar de la reducción de los desplazamientos, mayoritariamente en autopistas y autovías y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.

Y es que basta con analizar los datos que maneja AEA referidos a una de las vías con mayor densidad de tráfico como es la popular autovía de circulación M-30 madrileña registró en 2020 más de 320.000 denuncias, por un valor económico superior a los 25 millones de euros. Una facturación por multas que supone cerca de 6.100 euros a la hora. Amortizar los 14 millones que va a emplear la DGT en nuevos radares será cuestión de pocos meses.

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