La crisis ha llevado a buena parte de quienes antes declaraban a Hacienda a trabajar en negro. Hasta 30.000 millones de euros se han sumergido desde que comenzó la recesión, según estimaciones de la OCDE calculadas sobre sus datos de presión fiscal. España es el país en el que más ha caído la recaudación como consecuencia no sólo del parón económico sino también por el mayor fraude de una economía sumergida que sigue creciendo hasta triplicar el nivel de otras economías desarrolladas, según confirman esas series.
En euros, eso significa que entre 27.000 y 30.000 millones de euros han escapado de los canales ordinarios de control del fisco y han pasado a pagarse en el mercado negro. Según subraya la OCDE, “España registra la mayor caída de recaudación desde el 37,3% en los niveles previos a la crisis hasta el 31,6% con que cerró el año pasado”. Una buena parte de ese desplome se puede atribuir al mayor impacto de la crisis en nuestro país pero –según los técnicos consultados por Vozpópuli—la otra parte se debe exclusivamente al mayor fraude que suele crecer en momentos de recesión o de subidas de impuestos, dos situaciones que se han dado simultáneamente en España.
(Haga click aquí para ver la tabla completa)
También la Comisión Europea se muestra preocupada por los niveles de fraude y prepara una batería de medidas para reforzar el control de la economía negra. Según el documento base sobre el que trabaja Bruselas, España es la segunda economía sumergida más significativa de toda la UE con un tamaño de 239.175 millones de euros sólo por detrás de la italiana que ronda los 418.000 millones de euros, según cifras de 2009. Los cálculos de Bruselas estiman que en España 1 de cada 5 euros escapa al control de Hacienda que deja de ingresar 72.709 millones de euros en impuestos como consecuencia de esa economía sumergida, suficiente para cubrir el 70,5% del gasto sanitario de todo el país según el grupo de trabajo que ha elaborado el estudio.
El tamaño de la economía sumergida crece en torno al 12,5% durante la crisis
Aunque los dos datos no son homogéneos, la combinación de ambos permite arrojar una cifra aproximativa: el tamaño de la economía negra española puede haber crecido un 12,5% como consecuencia de la crisis, en una tónica que se repite en toda la UE. Por ese motivo, ambos organismos internacionales preparan una batería de recomendaciones para reforzar el control de la economía negra.
La Comisión Europea forzará a España a mejorar la lucha contra el fraude
La Comisión Europea prepara un endurecimiento de las medidas de lucha contra el fraude tras constatar el aumento de la economía sumergida en toda Europa. La UE ha elaborado ya una batería de propuestas para la reunión de ministros de Economía y Finanzas del próximo día 22.
Según el borrador de propuesta, la Comisión trabaja con tres horizontes temporales y con medidas concretas para cada uno de ellos a fin de reforzar la lucha contra el fraude:
- Refuerzo de las medidas ya existentes: La UE pretende centrarse en el IVA y en el fraude que realizan empresas ficticias generadas precisamente para defraudar. Para ello propone un sistema de reacción rápida en el que los países afectados puedan intercambiar información. En ese capítulo de medidas reforzadas, la UE pretende también tapar los vacíos legales que existen con países como Suiza, Mónaco o Andorra.
- Iniciativas inmediatas y para 2013: Bruselas pretende evitar lo que califica como “planificación fiscal agresiva” por la que algunas compañías escogen sedes y desvían negocios para explotar vacíos legales o rebajas fiscales en determinados territorios. La UE no descarta modificar sus cláusulas para evitar a las empresas esas prácticas.
- Iniciativas para 2014 y a largo plazo: La UE pretende establecer bases de datos comunes para seguir los flujos de dinero y de impuestos en un horizonte de medio plazo, así como armonizar las sanciones administrativas y fiscales en caso de fraude para endurecer los regímenes de los países más laxos con esas prácticas.
Precisamente, los inspectores de la OCDE criticaron la semana pasada a España por su manga ancha con algunas de sus empresas. Según su informe, la justicia española sólo ha perseguido 7 casos de presunta corrupción en los últimos 13 años y no ha condenado a ninguna de ellas.
