El Gobierno planteará en Bruselas un endurecimiento de la reforma de las pensiones que puede incluir el cómputo de toda la vida laboral, el adelanto de los 67 años de edad para jubilarse, el fin de la actualización según el IPC y la aplicación en el cálculo de la prestaciones de factores que aseguren la sostenibilidad del sistema como el número de beneficiarios, los ingresos por cotizaciones y las previsiones de crecimiento.
Nuestra población es una de las que más envejece de Europa y la Comisión identifica el sistema de pensiones como una de las debilidades estructurales de España. Con estos cambios, Guindos podrá demostrar ante sus colegas europeos que el país está comprometido con la consolidación de la Seguridad Social por mucho que envejezca la población o el país sufra recesiones.
Y esta baza la presentará junto a un fuerte paquete de reducción del gasto consistente en un ajuste del 1 por ciento del PIB este año y un 3,1 el siguiente, es decir, unos 10.000 y 30.000 millones. Todo ello con el objeto de negociar una relajación de la meta de déficit hasta el 6,9 por ciento del PIB, sobre todo tras comprobar cómo la caída de la recaudación anula el efecto de todos los recortes emprendidos.
En el caso de la Seguridad Social, los ingresos efectivos han caído un 4,3 por ciento hasta mayo, mientras que el grueso del coste de las jubilaciones se ha elevado un 4,4 por ciento. A este ritmo, la carga aumentará por encima de los más de 115.000 millones previstos en los Presupuestos, debido a que hay menos cotizantes al tiempo que se invierte la pirámide poblacional y los nuevos beneficiarios tienen pensiones más altas.
Las modificaciones de la cobertura de jubilación que baraja el Gobierno girarán en torno a tres ejes. Por un lado, el Ejecutivo estudia que el cómputo de la pensión se extienda a toda la vida laboral. Si se aplicase de inmediato a los nuevos jubilados abarataría sus pensiones y por tanto rebajaría costes, pues cuanto más se prolonga el periodo de cálculo más baja la prestación, al tomarse lo que se ganó hace muchos años y que, por lo tanto, era bastante menos. Sin embargo, lo más probable es que se establezca un periodo transitorio, aunque sea testimonial.
Por otro lado, se adelantará el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Antes se preveía que esta medida no tuviese incidencia presupuestaria hasta 2015 o 2016, pero de este modo se avanzarán algunos ahorros. Esta iniciativa es más importante por la clara señal de sacrificios que se manda a Bruselas y los mercados.
Y tercero, la supresión de las actualizaciones de las pensiones de acuerdo a la subida del IPC constituye un ahorro considerable e inmediato, y se está sopesando si abarcará también a las pensiones no contributivas después de que Zapatero las subiese. En lugar de esto se pondrá en marcha un mecanismo para calcular las prestaciones, ya contemplado en la anterior reforma, que incorpore las cotizaciones ingresadas, la cifra de jubilados o los pronósticos para el crecimiento. Se trata de evitar que siempre se esté cambiando la ley y sostener el sistema al margen de las coyunturas.
