La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta este viernes su opinión sobre la reforma de las pensiones de su hasta ahora único expresidente, José Luis Escrivá. Se trata de un trámite al que la ley no le obliga, pero que resulta de vital importancia y que en esta ocasión supone un trago para la Autoridad Fiscal, que tiene que evaluar una reforma que no garantiza la sostenibilidad del sistema ni siquiera con la importante subida de cotizaciones sociales que realiza, justo lo contrario de lo que defendía el propio Escrivá en 2019, cuando publicó su anterior análisis.
Una vez que se conoció que el golpe a las cotizaciones sociales que asesta el Gobierno para que Bruselas acepte el coste de su reforma de las pensiones se duplica, la patronal salió en tromba para criticar una nueva subida de impuestos encubierta que recae sobre empresas y trabajadores y alertar de que dañará el empleo. El ministro de Inclusión ha justificado este incremento en Twitter apelando a "los datos" frente a "las opiniones". Precisamente unos datos contradictorios con los que él mismo esgrimía en abril de 2019, cuando era presidente de la AIReF, y unas opiniones de CEOE y de expertos y economistas que entonces defendía. Justo antes de ser ministro, Escrivá sostenía que las cotizaciones sociales en España superan "en seis puntos la media de la OCDE" y que no había que subirlas en ningún caso.
En cambio, el argumento que defiende como ministro es que España está muy por debajo de la media de la UE en cotizaciones sociales, para lo que introduce letra pequeña en su planteamiento, habla del coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios, que sostiene que está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Esto es, apela a los salarios y no lo relaciona con la productividad de cada país, cuando la productividad española es significativamente inferior a la de los países que reseña el ministro, de manera que no se puede pagar lo mismo porque se perdería competitividad.
Los análisis de la AIReF que presidía Escrivá en 2019 insistían en el impacto de subir las cotizaciones en el empleo: "Cualquier medida de ingresos adicionales, ya sea a través de mayores cotizaciones o de las principales figuras impositivas debe tener en cuenta a su vez el impacto sobre la demanda interna, tanto a través del comportamiento de los hogares como de las empresas, demandantes de empleo. Desde el punto del gasto del Estado, es necesario también considerar el margen existente para reducir otras partidas de gasto del Estado que compensen la subida de la partida de las pensiones, que parece ser limitado".
Pero es que, además, en 2019, la AIReF de Escrivá abogaba sin ambages por la polémica propuesta que se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación para 2022 y que ha retrasado el acuerdo más de dos meses de la fecha límite de 31 de diciembre: aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión "desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027, que supondría un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia". Una fórmula que al final ha quedado en un aumento del gasto, ya que los pensionistas puedan descartar los 24 peores meses de su vida laboral si escogen calcular su pensión en base a 29 años.
Asimismo, entonces Escrivá se mostraba favorable a la reforma del PP de 2013 que ahora critica duramente y planteaba que las reformas paramétricas de 2011 y el Factor de Sostenibilidad que creó el PP y que ahora ha derogado contendrían adicionalmente el gasto en 3,5 puntos.
El informe de 2019 concluye que "la evolución del mercado de trabajo y el impacto de la reforma de 2011 y del Factor de Sostenibilidad en 2013 contienen el efecto del envejecimiento" y recomienda al Gobierno "fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación y aumentar la carrera de cómputo de la pensión". El ahorro máximo sería próximo al del IRP, también derogado, estima. Por último, aconseja al Ejecutivo que la reforma en este sentido se ponga en marcha sin dilación y que haga pedagogía: "Su implantación temprana y gradual aumentaría su aceptación social".
Reforma por decreto
La última parte de la reforma de las pensiones se ha aprobado como Real Decreto-ley, con lo que la norma de más calado que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que pretende asegurar el sistema de las pensiones hasta 2050 no ha sido analizada por el Consejo de Estado ni por la AIReF. Tampoco por otros organismos como el Consejo Económico y Social (CES) ni se ha elevado a audiencia pública permitiendo aportaciones de ciudadanos, organismos, instituciones y expertos. Ni por supuesto, como le han afeado los Grupos Parlamentarios en el Congreso a Escrivá, de las Cortes por parte de la Comisión del Pacto de Toledo.
El ministro ha ofrecido a los grupos tramitar el Decreto tras su convalidación como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas, precisamente lo que se intentó evitar a toda costa con la reforma laboral. Una vía por la que podría incrementarse el gasto, pero también que permitiría introducir posibles aportaciones adicionales de la Comisión Europea. Con todo, es probable que no dé tiempo a que se apruebe o que el proyecto quede bloqueado en la Cámara como otros muchos de calado.
La tramitación como proyecto de ley habría permitido a la Autoridad Independiente evaluar la reforma. A diferencia de la senda de estabilidad, en este caso, su análisis no viene obligado por ley, pero es de vital importancia, y en una tramitación ortodoxa habría sido reclamado por los grupos parlamentarios, que habrían solicitado comparecencias de la presidenta de la Autoridad Independiente. Es decir, se habría pronunciado e influido antes de que se aprobara definitivamente.
La AIReF venía analizando lo que se conocía de la reforma y en una comparecencia en el Senado en diciembre, su presidenta, Cristina Herrero, avanzó que su opinión de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, que se iba a publicar en diciembre, se retrasaba a enero a la espera de que Escrivá hiciera pública su reforma, que finalmente ha llegado en marzo. Lo que se sabía entonces, apuntaba a que cuestionaría la sostenibilidad de la reforma. La Autoridad advierte en los últimos meses del incremento del gasto por ligar la subida de las pensiones al IPC.
