La batería de medidas que el Gobierno pretende aprobar semanas antes de las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril está generando inquietud entre la clase empresarial española.

Patronales, asociaciones, empresas que negocian convenios colectivos, fondos de inversión, autónomos... todos ellos asisten perplejos ante anuncios de supuestas reformas laborales o medidas que afectan a su actividad y que un día están sobre la mesa y al siguiente han desaparecido. O anuncios de reales decretos que se aprobarán en los próximos días y que pudieran ser tumbados por la Diputación Permanente o por el próximo Gobierno.

"Estamos dispuestos a hablar, pero lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es entrar en un periodo electoral o en elecciones", advierte el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "No es muy serio", dijo, que ahora, cuando se han convocado elecciones, se quiera recurrir por parte del Gobierno a decretos sobre asuntos que "no son urgentes".

"No puede ser que en cada legislatura se apruebe una traba nueva", lamenta la mayor asociación de autónomos

La preocupación se extiende al colectivo de trabajadores autónomos, que afirman ser de los más afectados por los decretos que quiere aprobar este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lorenzo Amor, presidente de ATA (la asociación mayoritaria de trabajadores por cuenta propia), subraya, en declaraciones a Vozpópuli, que no comparten con el Gobierno ni el contenido ni las formas de estas medidas.

"Por mucho que quieran defender la capacidad constitucional de aprobarlo por real decreto-ley, no hay ni extrema ni urgente necesidad. Pueden ser medidas necesarias (como las que legislan en materia de igualdad), pero no vemos la urgencia de aprobarlas por real decreto", apunta. 

"No es la mejor manera de aprobar reformas", comentan en la principal patronal catalana

"Deberían ser convalidados en las Cortes como ocurre habitualmente, y no por medio de la Diputación Permanente", un órgano que actúa en funciones cuando las cámaras se disuelven y que sólo debería tener que aprobar normas cuando tengan una urgencia excepcional.

"A las pymes y los autónomos no se les puede poner más trabajo. No puede ser que en cada legislatura se apruebe una traba nueva", lamenta Lorenzo Amor, mientras recrimina a Sánchez que para las pequeñas empresas españolas no tiene sentido el registro horario o el control de salarios.

Real Decreto de igualdad

Una de las normas que se aprobará con seguridad en el Consejo de Ministros de este viernes, 1 de marzo, es el Real Decreto-Ley sobre igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo, una medida que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a seis días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

CC OO, UGT y CEOE se reunieron el lunes con el Gobierno por el Real Decreto de igualdad sin alcanzar un acuerdo

Según ha adelantado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, incluirá medidas como la obligación para las empresas de llevar un registro público de los salarios por sexo y rango profesional, para evitar discriminación entre hombres y mujeres, así como la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas.

CCOO, UGT y la CEOE se reunieron el lunes con el Gobierno para negociar las medidas concretas que se incluirán en el decreto, pero la cita se cerró sin que las tres partes pudieran llegar a un acuerdo.

La patronal ha pedido que a las empresas de menos de 5 empleados no se les exija llevar a cabo un registro salarial, una propuesta que parece haber aceptado la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, pero que quizá no incorpore la dirección de su Ministerio, temen fuentes empresariales.

Real Decreto de alquiler

El Gobierno ha manifestado públicamente que tiene la intención de aprobar un nuevo Real Decreto-Ley para regular el alquiler residencial antes de la disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo.

El presidente de Blackstone en España advierte que el real decreto sobre alquiler supone legislar de forma precipitada

La nueva norma buscaría establecer contratos con plazos más largos a los actuales y límites a los precios del alquiler, "situando a España como uno de los mercados con una de las regulaciones más restrictivas de Europa", advierte Claudio Boada, presidente de Blackstone en España.

El representante del fondo estadounidense, que ha invertido 26.000 millones de euros en España en los últimos cinco años, afirma que se trata de una acción "que causa perplejidad a los operadores de este mercado", en unas declaraciones poco habituales por parte de la sociedad de inversión.

"El nuevo intento de Real Decreto, a pocas semanas de unas nuevas elecciones generales, supone legislar de forma precipitada un sector muy sensible para millones de ahorradores", subraya. "En menos de tres meses, el mercado habrá estado sometido a tres legislaciones diferentes, lo que genera inseguridad jurídica en todos los operadores de mercado, la mayor parte pequeños ahorradores", añade.

El miércoles los representantes de la industria del automóvil en España se reunieron con el Gobierno

"Esta forma de actuar por parte del Gobierno supone una probable paralización en el mercado del alquiler y aumentar la inseguridad jurídica en uno de los mercados más importantes de la economía", subraya. El pequeño arrendador, sostiene Boada, que supone el 96% del mercado, "paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el Real Decreto Ley". 

Preocupación en la patronal catalana

Foment de Treball, la patronal que engloba a las grandes empresas de Cataluña, también se muestra preocupada por la forma de actuar del Gobierno. "No es la mejor de las maneras para sacar adelante las reformas", comentan fuentes cercanas a Foment a este diario. Es preferible, añaden, seguir la habitual "dinámica parlamentaria", con el voto mayoritario de las Cámaras para sacar adelante las propuestas.

"Las leyes que se promueven desde el Parlamento siguen un debate y que sea la mayoría del Congreso quien decida si sacar adelante estas reformas, pero no con decretos y menos con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina", consideran. "No es el mejor camino".

El automóvil se reúne con el Gobierno