La valoración oficial es “todos estamos abiertos al diálogo”. La extraoficial es “no se quiere hacer nada”. Estas son las dos posiciones que manejan las eléctricas tras arrancar su ronda de consultas con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, antes de aprobarse el hachazo a sus beneficios en el Congreso el próximo jueves. “Sólo quiere vender a Bruselas que negociamos y trasladar un falso entendimiento”, protestan fuentes del sector a Vozpópuli.
Los representantes de las eléctricas convocados a estos encuentros trasladan pesimismo. La posición del Gobierno se basa en no tocar, “ni una coma”, del polémico real decreto-ley. Su oferta es un compromiso de no promulgar en el resto de la legislatura más cambios regulatorios y la posibilidad de suavizar el proyecto de ley sobre los ‘beneficios caídos del cielo’ que, en el caso de aprobarse, no entraría en vigor hasta el próximo mes de enero.
La versión oficial de las compañías es que aplauden que Teresa Ribera se haya abierto a debatir con las compañías eléctricas este paquete de medidas. “Valoramos positivamente todo lo que sea hablar, como hemos hecho siempre, para buscar propuestas y medidas que solucionen el problema de la escalada del precio mayorista de la luz y que solucione también el problema al que se ve abocado el sector eléctrico desde la aprobación del real decreto-ley”, afirmaban a este medio fuentes de Endesa al finalizar su encuentro.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha preferido no realizar declaraciones ante las consultas de este medio. “La sensación que transmite la ministra y su equipo es que se han dado cuenta de que su paquete de medidas no frena la escalada de la factura de la luz e intentan anticiparse a la avalancha de recursos en los tribunales”, explican desde el sector. “Un movimiento que generaría un ruido e incomodidad en Bruselas que no les interesa”, puntualizan desde el sector.
Bruselas es el campo de batalla
La reticencia europea a las medidas de urgencia de Moncloa y la fuerza de las empresas en Bruselas es la principal vía para las eléctricas. En España, el Gobierno no espera tener ningún problema para sacar adelante este proyecto. Su rango de ley condena a los afectados a necesitar un socio político que les permita recurrir ante el Tribunal Constitucional. Un arduo proceso que no lograría frenar a corto plazo el impacto de esta ley.
El castigo de 2.600 millones de euros a los beneficios de las eléctricas entre septiembre y marzo, de los que salen de los bolsillos de Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy, ha desatado una intensa actividad jurídica entre las empresas. “Los recursos ya están en marcha y es más que previsible que los tribunales darán la razón a las empresas ante una normativa que atentan contra las leyes del mercado eléctrico europeo”, comentan los representantes del sector.
La Comisión Europea ya ha dejado caer a los representantes del Gobierno en su reciente viaje su disconformidad con la normativa, según explican las mismas fuentes. Bruselas prepara para la próxima semana un paquete de propuestas para que los miembros logren aliviar el descontrol de los precios eléctricos. España ha sido uno de los países que ha defendido en este viaje una acción conjunta, un mes de después de poner en marcha su controvertido decreto ley.
Las eléctricas confían en ‘sus’ partidos
Teresa Ribera expondrá en la Cámara baja los puntos fuertes de su decreto ley, con el zarpazo al beneficio de las eléctricas y la nueva reforma fiscal de la factura eléctrica de los consumidores como puntos más destacados. Las empresas consideran que el Gobierno no tendrá dificultades para lograr la mayoría simple que necesita y convertir esta normativa provisional en ley vigente.
Las eléctricas guardan cierta una leve esperanza con los partidos nacionalistas que se han posicionado como un apoyo externo al Gobierno. Iberdrola, con sede en Bilbao y empresa de referencia para el tejido industrial vasco, siempre cuenta con una buena relación con el PNV. Por su parte, Naturgy, energética controlada por Criteria Caixa, espera movilizar el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes. La medida contará seguro con la negativa de PP, Vox y Ciudadanos. El movimiento de los partidos nacionalistas volverá a ser clave para la puesta en marcha de esta ley.
