Aunque el empleo se ha ralentizado en los últimos meses, la Seguridad Social ha superado los niveles de afiliación previos a la pandemia, hasta superar los 20 millones. En enero había unos 672.000 cotizantes medios más que en 2019, otra cosa es la calidad contributiva, como consecuencia de un aumento neto en el régimen general, el más poblado, y también de los autónomos, de más de 760.000, y un descenso en los demás regímenes especiales (agrario, hogar, mar y minería) de casi 100.000 puestos.

Pero todavía un tercio del centenar de actividades censadas oficialmente sigue sin levantar cabeza, donde se concentran el empleo y los salarios más precarios. Mientras, la mayor parte del aumento de afiliados se concentra en el sector público, que crece en todas las crisis, y a la vez en unas cuantas actividades relacionadas con las Administraciones. Es la herencia del COVID-19 en el mercado laboral en estos tres años. Ni por asomo se ve indicio alguno del cambio de modelo económico y productivo que Pedro Sánchez asegura estar realizando con los fondos europeos y el denominado Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR) en un intento de potenciar la industria y la tecnología.

Es decir, si antes de la pandemia el empleo mayoritario en España era para los funcionarios y camareros, ahora la nueva afiliación está polarizada por los empleados públicos con mayor intensidad, así como por su extensión directa a los servicios de consultoría informática y la construcción especializada, por el impulso del gasto corriente y de las inversiones reales de las Administraciones, ahora más influidas por el efecto de llamada de las elecciones en la obra pública. Y poco más. Las demás actividades, las más tradicionales, siguen en números rojos respecto al empleo pre covid con los bares, el comercio al por menor, las agencias de privadas de contratación o la fabricación y reparación de coches o los bancos como estrellas del saldo negativo.

En términos absolutos, el sector público de forma directa y también indirecta capitanea el aumento de la afiliación en este periodo. Representa más de la mitad del empleo desde 2019. Las Administraciones Públicas y Defensa con Seguridad Social acumulan 81.188 empleos más que hace tres años, mientras que la sanidad y educación, sectores en los que también se incluye el empleo privado (cerca del 20% del público), suman 114.156 y 102.368 afiliados totales nuevos. Además, las actividades de servicios sociales sin alojamiento han incorporado en este periodo a casi 46.000 efectivos, mientras que los servicios de asistencia en establecimientos residenciales han añadido otros 17.000.

A ellos hay que sumar más de 100.000 del sector de programación y consultoría informática, que ese está encargando del desarrollo del MRR en las Administraciones y cuya actividad principal se concentra en el sector público. Por su parte, la consultoría general y de gestión suma más de 25.000 nuevos empleos, mientras que la del transporte y almacenamiento añade 31.000, así como casi 20.000 afiliados más la del transporte terrestre.

Tirón de la obra pública

La construcción también tiene una amplia presencia, en especial la relacionada con la obra pública. La construcción especializada tiene casi 50.000 empleos más que en 2019 y más de 54.000 la actividad de ingeniería civil, mientras que suman 33.000 efectivos los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería. Por su parte, la construcción de edificios dispone además de 43.000 nuevos afiliados; las actividades jurídicas y de contabilidad sube en 14.400 trabajadores; las inmobiliarias crecen en 10.400 empleados; y los servicios a edificios y jardinería aumentan en 27.000 sus empleados mientras que incorporan casi 29.000 más las actividades administrativas de oficinas.

En términos relativos, es la consultoría informática la que más crece en afiliados (casi un 30% más). Le sigue: la consultoría en general (21% más); la actividad de investigación y desarrollo (19%); el cine, la televisión y la radio (16%); los servicios sociales (14%); y los servicios de arquitectura e ingeniería (13%), así como las actividades veterinarias (13%), la fabricación de productos informáticos (11%), y la de productos farmacéuticos (11%). A todo esto se añaden los servicios sanitarios (un 10%), las actividades profesionales y técnicas (10%) y la construcción de edificios (10% más). Además, la afiliación en las actividades de correos y de publicidad sube también un 10% y un 8% respectivamente. Son los nuevos nichos de empleo aprovechando el efecto 'rebote' tras la pandemia.

Retroceso del empleo

¿En qué sectores baja el empleo? Los tradicionales trabajos no se recuperan. En términos absolutos, el comercio al por menor pierde aún 40.500 puestos en estos tres años, mientras que la industria extractiva de carbón se ha quedado sin 36.000 efectivos. Llama la atención que las agencias privadas relacionadas con el empleo figuren en el tercer lugar de este ranking, con 31.200 trabajadores menos. Se debe probablemente a que se ven afectadas por la generalización del contrato indefinido (sobre todo del fijo discontinuo) propiciado por la reforma laboral, ya que su principal contingente era el empleo temporal.

Los servicios de comidas y bebidas (bares y restaurantes) con 31.000 efectivos menos, ocupan el cuarto lugar de actividades con más afiliación destruida. Les siguen: la fabricación de coches (con 13.5000 trabajadores menos) ante la caída de las ventas, que pierden 4.600 efectivos; los servicios financieros (11.200 empleados menos), ya que continúa el ajuste tras las últimas fusiones; la actividad de reparaciones de ordenadores (9.400 empleos menos); la de alquileres (6.300 menos) como consecuencia de la caída de la oferta y los elevados precios; y las agencias de viajes (4.900 menos) que arrastran aún la espectacular caída producida en los duros años del covid.

Destaca también el descenso de la afiliación en el sector de la confección de ropa de vestir (unos 2.000 menos), como consecuencia de la inflación (las ventas se han detraído porque el consumidor ha optado por priorizar el gasto de otros productos como los alimentos; la agricultura (unos 2.000 menos); la fabricación de bebidas (1.500 menos); y de las actividades de los hogares como empleadores de servicios domésticos (3.900 menos) ya que se está reduciendo la contratación de efectivos por el aumento de gasto que reporta la inflación en las familias y también por el alza del Salario Mínimo y de las cotizaciones.

En términos relativos, la industria extractiva de carbón pierde un 25% de sus afiliados en estos tres años de aumento del debate sobre la denominada energía sostenible. Le sigue las agencias relacionadas con el empleo (un 14% menos); las actividades de organización y organismos extraterritoriales (12% menos); la fabricación de coches (8% menos); las agencias de viajes (8% menos); las actividades relacionadas con el alquiler (7%) y el refino de petróleo (7%) y los servicios financieros (5%).

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