Un consorcio formado por cuatro empresas europeas y liderado por una española, será el encargado renovar los edificios más antiguos de las instituciones europeas en Bruselas, tras ganar el concurso "Loi 130", el primero de estas características promovido desde la capital comunitaria.
Los nuevos edificios deberán cumplir con los objetivos del "Project Urban Loi", basados en la sostenibilidad y la eficiencia energética. De este modo, en la construcción se producirá una reducción de emisiones a la atmósfera del 50% y los nuevos edificios disminuirán su consumo energético un 70%, informó esta semana la Comisión Europea (CE).
El estudio de arquitectura que lidera el consorcio, Rafael de La-Hoz Arquitectos, ha confeccionado un equipo multidisciplinar y complementario, integrado por la compañía alemana de paisajismo Latz + Partner Landscape Architecture Urban Planning y por la británica Perkins+Will UK Limited, especialista en el diseño de estudios funcionales para corporaciones con grandes equipos de empleados.
De este modo, la nueva Rue de Loi será "un espacio social", según detalla Rafael de La-Hoz, en declaraciones a Efe.
La propuesta hace especial hincapié en el espacio público y en la creación de un entorno "que no sea solo para los funcionarios de la UE, sino también para los residentes del distrito y visitantes", según de La-Hoz.
"Pusimos mucho énfasis en que las oficinas fueran funcionales y que fueran eficaces todos los servicios: restaurantes, guarderías, etc", explicó el responsable del estudio de arquitectura con sede de Madrid.
Más de 5.000 funcionarios
El complejo albergará a unos 5.200 funcionarios y contará con gimnasios, guarderías, restaurantes, salas de exposiciones y convenciones, espacios de encuentro, etc.
Y tendrá dos torres a las que se ha incorporado el concepto de "espacio público" y que, según espera Rafael de la-Hoz, "se convertirán en dos hitos de la ciudad belga".
El proyecto se expondrá en Bruselas en el mes de septiembre y comenzará la fase preparatoria, que incluye la negociación de los contratos.
La primera fase está prevista para 2025 y debe estar terminado en 2035.
