María Dolores Amorós no volverá a la CAM ni tampoco percibirá la millonaria pensión de por vida, de 369.000 euros anuales, que se había asignado durante su etapa de directora general de la entidad. Así lo ha decidido la juez del Juzgado de lo Social número 4 de Alicante que ha desestimado íntegramente la demanda por despido improcedente que interpuso la propia Amorós, tras su salida de la entidad una vez intervenida la CAM.

El fallo judicial considera procedente el despido de Amorós debido a su continuada mala praxis al frente de la entidad alicantina y la alteración de las cuentas para maquillar la delicada situación financiera de la CAM. Según la sentencia, la actitud de Amorós impidió que la entidad pudiera conocer "su verdadera situación financiera" al suministrar datos falsos de forma intencionada, lo que evitó la posibilidad de adoptar decisiones para mitigar el impacto de las pérdidas.

Como hechos probados, el fallo relata que Amorós firmó una cuenta de resultados cerrada a 31 de marzo de 2011, en la que se reflejaban unos beneficios del grupo CAM de 39,7 millones de euros y un índice de morosidad del 8,5%, unos datos que fueron remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España.

En agosto de ese año, Amorós presentó ante los administradores provisionales del FROB unos resultados provisionales del primer semestre de 2011 -estados financieros intermedios- de la CAM , con un resultado positivo de 81,10 millones de euros.

Fue entonces cuando los nuevos gestores estatales comenzaron un estudio sobre el verdadero estado contable de la entidad que concluyó con un auténtico vuelco en las cuentas de la CAM. Las investigaciones del FROB revelaron que el resultado del ejercicio del primer semestre de CAM como grupo arrojaba una cifra de pérdidas de 1.135 millones de euros, con una morosidad del 19% y un nivel de solvencia a 30 de junio al 4,88%.

El "incumplimiento contractual y, por tanto, la trasgresión de la buena fe contractual reside" en este caso "en la intencionalidad, esto es, en falsear los datos y maquillar las cuentas para aparentar unos beneficios ficticios", recoge el fallo. Una de esas medidas fue el pago de dividendos a la CAM por parte de sociedades del grupo por valor de 163 millones de euros. De esa cifra, 38 millones fueron detraídos de las provisiones voluntarias y el resto, 125 millones, de los resultados de 2010. Este movimiento contable facilitó la aparición de beneficios ficticios en la CAM.

Además, la sentencia señala que en 2010 se liberaron provisiones de créditos altamente deteriorados mediante la titulización y transferencia ficticia a estos activos a terceros, lo que permitió la liberación de provisiones por valor de 168 millones de euros, que se contabilizaron como datos positivos.

"Y dado que la clasificación de los activos deteriorados tenía indudable repercusión en la cuenta de pérdidas y, por tanto, en las ganancias, es obvia la intencionalidad" de Amorós, pues "al rehabilitar -corregir un saldo por error que pasa de una cuenta del balance a otra, de activo a pasivo- a normales riesgos dudosos o fallidos no se recogía la correspondiente dotación y provisión".

Comparecencia en el Parlamento Valenciano
El primer revés de la Justicia a Amorós coincidió con el anuncio del Parlamento Valenciano que ha decidido aprobar una comisión de investigación sobre las causas que llevaron a la intervención de la CAM. En total, comparecerán 79 personas, entre ellas, María Dolores Amorós. Junto a ella pasarán por el Parlamento Valenciano dirigentes de la antigua cúpula de la CAM, como el expresidente Modesto Crespo; Roberto López, el predecesor de Amorós en la dirección general; el vicepresidente, Armando Sala; el miembro de la comisión de control Arcadio Gómez, así como numerosos vocales.

Además, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Francisco Javier Aríztegui, y el equipo de inspectores del Banco de España que realizaron la última inspección de la CAM también serán llamados por las Cortes Valencianas para dar explicaciones de la CAM.

Por decisión del PP valenciano, que ha impuesto su mayoría en las cortes, los últimos presidentes de la Generalitat, José Luis Olivas, Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra no serán llamados a declarar en esta comisión.

Amorós también tiene pendiente la resolución del expediente abierto por parte del Banco de España a más de 40 altos cargos de la CAM.