La abogacía del Estado plantará cara a las eléctricas en la batalla legal que mantienen a cuenta del bono social, un mecanismo que se creó en 2009, en plena liberalización del sector eléctrico, por el cual, las eléctricas estaban obligadas a asumir una parte del recibo de la luz de los hogares más desfavorecidos (familias con todos sus miembros en desempleo, familias numerosas, hogares con potencias inferiores a 3 KW y jubilados con prestaciones mínimas), que a finales de 2010 se cifró en 150 millones de euros anuales.
El ministerio de Industra va a impugnar en los próximos días la sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de este año, por la que anula la obligación de financiar este bono social a las cinco eléctricas generadoras (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON). Las eléctricas han dejado de asumir este coste, y a partir de abril, el Gobierno lo ha trasladado al resto de los consumidores, con cargo al recibo de la luz.
El Gobierno está ganando tiempo con este movimiento de cara a la gran reforma energética
Fuentes consultadas creen que el Gobierno está ganando tiempo con este movimiento. Hay que tener en cuenta que Industria está diseñando una
gran reforma energética para acabar con el déficit de tarifa, el desfase entre los ingresos y los costes del sistema, tanto el que se ha ido acumulando (más de 25.000 millones), como el que se sigue generando anulamente, unos 4.500 millones, según cálculos del Gobierno de la semana pasada. El bono social es ahora una nueva ficha que se ha encontrado el Gobierno para encajar en el caótico puzzle de la reforma energética, dentro del capítulo de costes.
La sentencia del Alto Tribunal exige al Gobierno no sólo restituir el dinero pagado por las eléctricas, sino buscar el medio de financiación para los 150 millones de coste de la medida para este año. Por ahora, y para garantizar el bono social a los hogares, el Gobierno ha decidido que se financia a través el recibo de la luz. Esta sentencia no ha sido la única que ha obligado al Gobierno a trabajar con urgencia para devolver a las eléctricas una factura atrasada de unos 3.150 millones de euros. El Gobierno se ha encontrado con dos autos del Supremo, que han obligado a refacturar los recibos desde el pasado mes de octubre, por no haber incrementado suficiente la parte regulada del recibo de la luz.
Para hacer frente a este pago a las eléctricas, el Gobierno incrementó los ingresos en 1.400 millones, subiendo el recibo de la luz un 7% de abril a junio (como el precio de la energía cayó un 7%, los peajes se incrementaron un 20%). En paralelo, ha reducido los costes en 1.700 millones, con
recortes a la retribución que destina a las eléctricas en concepto de distribución (700 millones), transporte (200 millones), pagos por capacidad (80 millones), operador del sistema (20 millones), ha reducido las retriscciones de garantía de suministros (50 millones), la reducción de iNterrumpibilidad (60 millones)....
El sector sigue con incertidumbre todos los pasos del Gobierno, que sigue sin dar más pistas sobre las nuevas medidas de ahorro de costes del sistema (sobrevuela el temor a una tasa nuclear, hidráulica, recortes a las primas renovables de la termosolar...), pero lo que sí ha dejado claro es que son "medidas que afectarán enormemente a la economia", según palabras del secretario de Estado de Energía; y que el Gobierno tendrá que seguir subiendo la luz, porque, hay pocas posibilidades de que alguna de las partidas más fuertes del sistema no se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Está en peligro, los llamados costes extrapensinsulares, en total 1.900 millones de euros, que Hacienda no encuentra hueco para ellos en los PGE. Industria choca con Hacienda y Economía para la financiación de la gran reforma, que podría anunciarse en los próximos dos meses, según el plazo tope que ha anunciado el Gobierno.
Las eléctricas tradicionales siguen con las lanzas en alto: el Gobierno aún no ha tocado las primas a la termosolar (Acciona, ACS, Abengoa), que es una de sus principales batallas.
