El de ayer fue un día de anuncios y tachones sobre lo dicho. De proyectos y de dudas. De presiones de la banca. De borradores 2.0, 3.0, 4.0... sobre la nueva reforma financiera, anunciada, para hoy, hace días por Luis de Guindos. Esa vuelta de tuerca, en forma de provisiones para el ladrillo, con la que el Gobierno de Rajoy lleva jornadas prometiendo que se acabarán las dudas alrededor de la salud del sector financiero español. El de ayer, el día después de la nacionalización de Bankia, el día anterior al prometido proyecto definitivo de reforma financiera, fue una jornada que se cerró con más incertidumbres que certezas. Con todas las opciones abiertas, incluido que se retrase el anuncio de alguna parte del proyecto. "Ahora no se puede volver a fallar después de que los 50.000 millones no hayan servido para despejar dudas", explican desde el propio PP. Eso explica que la tarde de ayer fuera un hervidero de reuniones en las que participaron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Economía Luis de Guindos, además de secretarios de Estado y representantes de la oficina económica.
"En el borrador", explicaban en la misma tarde de ayer una entidad, "hay zonas del proyecto que aún están muy verdes. No sería descabellado que se aplazase el anuncio". Razones hay para ello. De una parte, las presiones de la banca que no está dispuesta a asumir la importante subida que pretende Economía de la provisión genérica sobre los activos no problemáticos. Es decir, sobre los créditos que están al corriente de pago. De Guindos quiere elevarla del 7% (consenso en el decreto del pasado febrero) al 30% ante las dudas crecientes, tanto de Economía como de los mercados, de que las entidades estén refinanciado créditos para evitar que entren en mora. Las sospechas ponen como ejemplo los más de 9.000 millones en préstamos que BFA-Bankia reconoció haber refinanciado en 2011.
El sector, en especial, los grandes bancos, se niegan a asumir este aumento de cobertura por las abultadas pérdidas que implicarían. Las entidades que entren en rojo recibirán apoyo público en forma de los famosos 'cocos' (bonos convertibles). Las quejas se han hecho patentes durante las negociaciones entre las dos partes. Ese aumento de las provisiones significará una nueva factura de saneamiento inmobiliario que puede alcanzar los 40.000 millones. Al cierre de 2011, los créditos inmobiliarios sanos se elevaban a 140.000 millones, frente a los 180.000 millones de activos problemáticos de la banca ligados al ladrillo.
De otra parte, la difícil relación que mantienen Economía y el Banco de España. El primero no se fía del segundo. El segundo se siente ninguneado por el primero en toda esta reforma. El segundo es atacado por representantes del PP, como Vicente Martínez Pujalte, portavoz popular en la comisión de Economía. Conclusión: Bruselas exterioriza la desconfianza sobre la labor del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez sometiéndole a un control externo. De hecho, y así puede recogerlo hoy el decreto, el Banco de España ya no será el responsable de realizar las tasaciones sobre los activos inmobiliarios de la banca. Su labor será realizada por una sociedad o auditora internacional ante las dudas del exterior sobre la valoración actual de los activos inmobiliarios en los balances.
Según fuentes financieras, la articulación de la sociedad de liquidación de activos inmobiliarios,el eufemismo para evitar hablar de 'banco malo', se ha convertido en la verdadera reválida de la reforma. Peticiones de dossieres por doquier a economistas y expertos que han radiografiado las experiencias de los 'bancos malos' de Islandia, Irlanda o Alemania. En la misma tarde de ayer, aún había varias opciones sobre el esquema de esa sociedad, que finalmente parece que será única para el sector y no individual para cada entidad, como se ha barajado en algún momento. En una de estas opciones del modelo alemán, aparece el nombre de Aguirre Newman como gestor futuro de esos activos 'aparcados' del sector. Mientras, Alvaro Nadal, responsable de la oficina económica, se decanta por el modelo irlandés.
Según fuentes financieras, una de las opciones establece que las futuras pérdidas puedan garantizarse mediante un Esquema de Protección de Activos (EPA), con el aval del Estado. Otra de las fórmulas que maneja Economía para organizar la ayuda pública sería que las entidades que se acojan a estos 'bancos malos' abonen al Gobierno un pago diferido por disfrutar de esta fórmula de protección, financiada por estas reaseguradoras, teniendo que anotarse pérdidas a medida que se fuera actualizando el valor de su cartera de activos tóxicos. Esta última es el modelo alemán. Su ventaja es el alivio temporal de los balances de los bancos que libera capital desde el momento en el que el riesgo se reduce significativamente, por lo que permite al banco otorgar nuevos préstamos. Las pérdidas corren totalmente a cargo del banco, pero se extienden durante la vida de estas sociedades. En el caso español, oscila entre los 10 a 15 años.
Las dudas también se concentran en la financiación de estas sociedades inmobiliarias. Una vez reconocido que el nuevo decreto de saneamiento inmobiliario implicará la inyección de ayudas públicas, el Gobierno pretende minimizar su impacto. Para ello, Economía ha explorado todo tipo de soluciones que eviten tener que acudir a la financiación del fondo de rescate europeo o un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), como reclaman los analistas de forma habitual. La solución proviene del mundo del reaseguro.
Hasta ayer, Economía negociaba con Swiss Re y Munich Re, los dos gigantes mundiales del reaseguro, el esquema de protección que tendría que sostener la trastienda de la reforma financiera. Siguiendo en parte el ejemplo del banco malo alemán, Economía pretendía que las grandes reaseguradoras se hicieran cargo de las posibles pérdidas en las que incurra la que por ahora se ha bautizado como Sociedad de Liquidación de Activos Inmobiliarios (SLAs), de forma que el Estado quede lo más a cubierto posible ante los activos dudosos de las entidades financieras. Según fuentes financieras, estas minusvalías podrían garantizarse mediante un Esquema de Protección de Activos (EPA), financiado por Swiss Re y Munich Re, si finalmente se cierra el acuerdo.
Según aseguran fuentes financieras, los contactos con el sector se encontraron con la negativa frontal de Mapfre Re, la reaseguradora de Mapfre, aseguradora participada a su vez en un 15% por Bankia, y la otra gran española, Nacional de Reaseguros. Sin embargo, los dos gigantes mundiales del sector, Munich Re y Swiss Re han accedido a estudiar su apoyo a la oferta del Ejecutivo. El negocio de estas dos reaseguradoras, primera y segunda en el ránking mundial de reaseguros, consistiría en emitir primas por valor de, al menos 23.000 millones de euros, según la propuesta inicial del Ejecutivo. Durante la vigencia de esta sociedad de activos dudosos, un plazo que puede extenderse entre los 10 y 15 años, las dos reaseguradoras cobrarían una comisión por asegurar este montante. Finalmente si la sociedad incurre en pérdidas deberán ser ellas quién pongan ese dinero, y no el Estado.
Esta fórmula, sin embargo, fue desdeñada por Economía a lo largo de la tarde de ayer.
