Se confirman las sospechas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre posibles manipulaciones en el funcionamiento de las subastas Cesur, que determinan la tarifa eléctrica de último recurso (conocida como TUR), a la que están acogidos la mayoría de hogares.
El organismo ha remitido un informe a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), elaborado en el marco de la investigación abierta en septiembre pasado por el regulador energético para analizar el funcionamiento de estas pujas. El informe analiza el comportamiento alcista del mercado eléctrico de derivados a plazo (conocido como OTC) en los días previos a las subastas Cesur, que se realizan al final de cada trimestre y en las que se adjudica la energía que suministran las cinco comercializadoras de último recurso: Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, HC Energía y E.ON.
Y fuentes conocedoras del documento apuntan que sus conclusiones van en la línea con lo expresado por el presidente de la CNMV, Julio Segura, en una conferencia en junio de 2011: “La evidencia acumulada demuestra que en los tres días precedentes a las subastas Cesur, el volumen de operaciones con derivados de electricidad OTC crece muy considerablemente –en torno al 90%- respecto al promedio de las restantes sesiones, produciéndose un significativo aumento de precios que vuelven a caer tras la realización de las subastas”, indicó Segura.
El informe fue remitido hace meses a la CNE, que todavía no ha cerrado su expediente, aunque podría hacerlo en las próximas semanas. De ser así, sus conclusiones llegarán antes de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, concrete su anunciada reforma energética, que el sector espera, como pronto, para junio.
La CNE, que al igual que la CNMV no hace comentarios sobre este asunto, abrió su investigación de oficio el pasado 15 de septiembre para analizar un hecho recurrente: el comportamiento alcista del mercado OTC en los días previos a cada subasta Cesur. Esta bolsa de derivados energéticos bilaterales (bautizada así por la expresión inglesa Over the Counter) es la referencia para fijar los precios que luego marcan las Cesur y se caracterizan por su opacidad: el vendedor no sabe quién compra, y viceversa, y sólo el intermediario que casa oferta y demanda tiene algo de información.
La Cesur funciona como una cobertura de riesgo sobre el precio que luego pagan las eléctricas cuando adquieren la energía que suministrarán: si, en el trimestre posterior a cada subasta, el precio de la electricidad supera el que marcó la puja, las entidades vendedoras tienen que pagar la diferencia (pierden dinero); pero si es inferior, se quedan el margen. Cuando esto ocurre (lo habitual), el consumidor sale perdiendo: si el coste de la energía (una actividad liberalizada) se dispara, el Gobierno se ve obligado a bajar los peajes (la parte regulada del recibo) para atenuar las subidas del recibo final. Resultado: sube el déficit de tarifa, que se produce cuando los ingresos son insuficientes para cubrir los costes regulados.
Los vendedores de la energía en las subastas no son sólo compañías eléctricas: también hay bancos y fondos de inversión.
El organismo que preside Alberto Lafuente ha adoptado un perfil bajo desde que el Ejecutivo anunció su reforma de los organismos reguladores. El proyecto supondrá fusionar en un único ente de supervisión de los mercados la CNE, la Comisión de Competencia (CNC) y el regulador de Telecomunicaciones (CMT), entre otros.
Poco después de que la CNE iniciara su investigación, el Gobierno socialista intentó apuntarse el tanto del expediente al anunciar que pediría su apertura al regulador energético (el organismo ya lo había hecho). Las subastas Cesur se pusieron en marcha en junio de 2007 y el Gobierno del PSOE sólo las cuestionó en los estertores de su mandato.
