Abengoa se dirige prácticamente de forma irremediable al que será el mayor concurso de acreedores en la historia empresarial española, superando al protagonizado por la inmobiliaria Martinsa Fadesa (7.000 millones de euros de deuda) en 2008, de acuerdo a la opinión de expertos financieros y administradores concursales consultados.
El grupo con sede en Sevilla ha comunicado hoy miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantendrá negociaciones con sus acreedores "al amparo del artículo 5 bis de la Ley Concursal, que es intención de la sociedad solicitar a la mayor brevedad". La compañía se refiere a que pedirá su entrada en preconcurso, una medida que permite durante un plazo de hasta cuatro meses la negociación con los acreedores para tratar alcanzar un convenio de pago que evite la declaración formal de concurso. Durante ese periodo se paralizan las obligaciones de pago de deuda de la empresa en preconcurso.
La compañía se derrumba en Bolsa perdiendo más de un 65% de su valor
En el caso de Abengoa, explican fuentes financieras, la necesidad de liquidez que requiere a diario su actividad es de tal magnitud que difícilmente podrá aguantar más tiempo sin acudir al concurso de acreedores. Las mismas fuentes explican que, de acuerdo a la consultora KPMG, la multinacional controlada por la familia Benjumea necesitaría 600 millones de euros para mantener su negocio cuatro meses más. "En esta situación, ¿quién va a estar dispuesto a aportar tal cantidad?", se preguntan. "El problema de Abengoa es de tal tamaño que la solución ya sólo está en manos políticas o de la gran banca", estima un consultor que trabaja para un fondo estadounidense que ha comprado deuda del grupo español. "Si los grandes bancos, tanto los españoles como los extranjeros, no evitan el concurso de Abengoa, quizá lo mejor que pueda hacerse es una liquidación de la compañía, rápida y ordenada", considera.
De esta forma, si el grupo, como consideran las fuentes consultadas, no tiene capacidad para acordar un convenio de pago de acreedores durante los próximos cuatro meses, se vería abocada a declarar concurso de acreedores, previsiblemente en el mes de abril de 2016. Atendiendo al nivel de deuda del grupo, se tratará posiblemente del mayor concurso empresarial sucedido en España.
El grupo informó en sus últimos resultados trimestrales de una deuda neta por actividades de negocio de 6.290,6 millones de euros. Sin embargo esa cifra no incluía otros 2.203 millones de euros que la compañía, a 30 de septiembre de este año, acumulaba como pagos pendientes a proveedores a través de "contratos de conforming sin recurso". Además la empresa admitía en esos mismos resultados estar al límite en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones con la banca acreedora. Abengoa tiene establecido con los bancos el cumplimiento de un ratio financiero de endeudamiento, calculado por el cociente entre deuda financiera neta y Ebitda, siendo el límite máximo de ese ratio de 2,5; a 30 de septiembre de este año el ratio financiero de Abengoa era de 2,3.
La decisión de Abengoa de solicitar preconcurso viene precedida por la incapacidad del grupo español Gestamp de convencer a la banca de aportar liquidez por hasta 1.500 millones de euros a la compañía energética. Gestamp, una de las mayores compañías del mundo en componentes para el automóvil, propuso a Abengoa, a través de su filial Gonvarri, hacerse con el 28% del capital a cambio de inyectar 350 millones de euros. Esa aportación dineraria estaba condicionada a que lograra apoyo financiero por parte de los bancos de hasta 1.500 millones. De acuerdo a fuentes financieras el martes Gestamp informó a Abengoa de que no había logrado acuerdo alguno con las entidades financieras.
La entrada en preconcurso de Abengoa se produce cuando la compañía, que anunció un agresivo plan de venta de activos para reducir deuda, prepara una ampliación de capital de 650 millones de euros asegurada por Santander, HSBC, y Crédit Agricole. La medida concursal activada por el grupo deja en el aire la operación.
Consecuencias económicas, financieras, y políticas
El concurso de Abengoa sucede cuando la economía española da signos convicentes de recuperación y en pleno proceso electoral. Previsiblemente afectará a las cuentas de algunos de los mayores bancos españoles, una vez que estos habían logrado ya digerir las deudas del ladrillo.
La crisis del grupo ha estallado cuando la clase empresarial española comenzaba a dejar atrás escándalos contables como los de Pescanova, Gowex, Marsans, o Nueva Rumasa. El caso también amenaza con enturbiar el proceso electoral dadas las ayudas públicas que ha recibido la compañía –en cuyo consejo de administración se sienta el exministro de Obras Públicas, Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente con el Gobierno de Felipe González, y expresidente del Parlamento Europeo, José Borrell– y la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha perjudicado los intereses de empresas centradas en renovables como Abengoa, una de las grandes corporaciones empresariales andaluzas. La compañía emplea a cerca de 25.000 personas en el mundo, 6.700 en España, la mayoría en Andalucía, principalmente en Sevilla.
La cotización de Abengoa ha sido suspendida por la CNMV a primera hora de la mañana. Cuando se ha levantado la suspensión, al mediodía, el valor se ha derrumbado perdiendo más de un 65%. El preconcurso de la compañía lastrará posiblemente la cotización de empresas similares y de los bancos con los que haya trabajado.
Mayores concursos
Los mayores concursos de acreedores ocurridos en España provienen principalmente del estallido de la burbuja inmobiliaria, entre 2007 y 2008.
Las principales quiebras empresariales por volumen de deuda, hasta la fecha, son: Martinsa Fadesa (7.000 millones); Reyal Urbis (la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría se declaró en concurso en 2013 con más de 3.500 millones de pasivo); Pescanova (más de 3.000 millones; el grupo pesquero se declaró en concurso en 2013 y dejó atrás esa situación a mediados del pasado año); Habitat (inmobiliaria presidida por Bruno Figueras, declarada en concurso en noviembre de 2008 con 2.800 millones de deuda); Sacresa (la inmobiliaria de la familia Sanahuja se declaró en concurso en julio de 2010 con 2.635 millones de deuda). Otras inmobiliaras quebradas con más de 1.000 millones de deuda fueron Tremón, Nozar, Noriega, o Aifos.
Al listado de las mayores quiebras empresariales ocurridas en España habría que sumar las de las empresas que formaban parte del conglomerado Nueva Rumasa (Dhul, Clesa, Rayo Vallecano, Elgorriaga...).
