La polémica por el concurso de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) ha estado presente en la reunión que Acciona, líder del consorcio adjudicatario del contrato, mantuvo con los analistas este martes. Mientras que la adjudicación está en manos de los tribunales como consecuencia de la revocación por parte de un organismo dependiente de la Presidencia de la Generalitat y el posterior recurso de ésta, la compañía controlada por la familia Entrecanales le dio un especial protagonismo al contrato, valorado en unos 1.000 millones de euros.
En la presentación, Acciona repasó los principales hitos logrados por su filial de agua en 2012, además de una perspectiva global del negocio hídrico. Al contrario de lo que sucedió con el resto de los contratos logrados en 2012, que se limitó a enunciar y repasar brevemente, la compañía hizo especial hincapié en el de ATLL, que detalló con sus principales cifras y bondades para la compañía.
Cabe recordar que Acciona anunció desde el momento en el que se conoció la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de revocar la adjudicación de ATLL al consorcio liderado por la compañía de los Entrecanales que en el caso de ejecutarse la decisión reclamaría a la Generalitat, además del adelanto desembolsado de casi 300 millones de euros, indemnizaciones por daños y perjuicios.
En este capítulo se incluye, sobre todo, el trabajo que el consorcio está llevando a cabo desde el 1 de enero en las instalaciones de ATLL, como contempla el contrato, y las primeras inversiones que está realizando a tal efecto. Pero también podrían valorarse las consecuencias de una presentación al mercado y a los inversores que contaba con este contrato como plato principal.
Agbar y los pleitos
En su presentación a analistas, Acciona aseguró que prevé aprovechar las oportunidades que España presenta en cuanto a la privatización de la gestión de servicios de suministro de agua, un mercado que estima en unos 1.500 millones de euros para este año y el próximo. La compañía espera que ciudades como Madrid, Zaragoza, Burgos, Reus, Jérez o Lanzarote cedan también a empresas privadas la gestión de sus servicios de agua.
Mientras, Agbar, líder del consorcio que pujaba también por la adjudicación y que recurrió desde el principio la decisión de la Generalitat de otorgárselo a su rival, también tomó este martes la palabra. En un foro sobre el sector, su presidente, Ángel Simón, aseguró que “la gente a la que le va mal nos pone pleitos”, en referencia al entramado judicial que se ha originado por los sucesivos recursos por la decisión de la Generalitat y la posterior respuesta del OARC.
