El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación presentado por Acciona para defender que la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), por la que competía con Agbar, siga en sus manos. De esta forma, el Supremo ha ratificado su criterio de los últimos meses, en los que ha desestimado también los recursos de la Generalitat y BTG Pactual, socio brasileño de Acciona en esta privatización, la mayor de la historia de la Generalitat.
El Gobierno catalán, Acciona y BTG Pactual habían solicitado que, de forma cautelar, se suspendiera el acuerdo de enero de 2013 por el cual el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), un organismo dependiente del propio ejecutivo catalán, pidió excluir de la gestión de ATLL al consorcio ganador de la adjudicación, tal como reclamaba Agbar. No obstante, Acciona, al igual que la Generalitat, defiende desde hace meses que aún debe resolverse el fondo del conflicto y que, por tanto, la adjudicación sigue vigente hasta que se pronuncie sobre ello el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Agbar, en cambio, reclama que se ejecute de inmediato la resolución del OARCC y que se le entregue la gestión de ATLL, empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana. Para defender la validez del concurso, Acciona argumenta ante el Supremo que el interés público de la continuidad del servicio debe prevalecer sobre el interés de las partes y que la ejecución de la resolución del OARCC le causaría "una situación irreversible o de difícil reversibilidad", teniendo en cuenta que el consorcio que encabeza ha desembolsado 298 millones en concepto de canon, con el consiguiente coste financiero.
Acciona descarta que se lleve a cabo una segunda licitación inmediata y defiende que su oferta es la que ofrecía una tarifa menor para los consumidores
Acciona subraya asimismo que ATLL no puede adjudicarse a Agbar, el otro licitador, ya que la oferta que presentó incurre en los mismos supuestos "vicios" que la suya. Por tanto, prosigue, la licitación debería declararse desierta. Además, descarta también que se lleve a cabo una segunda licitación inmediata, por todo lo que duraría el proceso, y defiende que su oferta es la que ofrecía una tarifa menor para los consumidores y la que garantizaba un mayor número de empleos.
En su sentencia, el Supremo indica que el escrito de Acciona es, en parte, contradictorio, ya que por un lado augura que no habrá quien preste el servicio, mientras que por otro acepta que lo haya y que, además, esté en condiciones de ejecutar obras e inversiones.
Recuerda asimismo que de no prosperar el recurso contencioso-administrativo, Acciona y BTG Pactual podrán ser resarcidas económicamente si no es posible su reposición como consorcio adjudicatario. El 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, decisión que recurrió su competidora Agbar, que llevó el caso al OARCC, que tumbó la concesión.
Desde entonces, la privatización de la gestión de la empresa pública ATLL, la más importante operación de venta llevada a cabo por la Generalitat, se encuentra inmersa en un cruce de recursos de casación y peticiones de medidas cautelares por parte de todos los actores implicados en el proceso, a expensas de que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del conflicto.
