El operador eléctrico municipal que pondrá en marcha Ada Colau se quedará con la mayoría de las instalaciones e instituciones dependientes del Ayuntamiento de Barcelona y su área metropolitana. Todas ellas son ahora clientas de las grandes compañías eléctricas (Endesa y Gas Natural Fenosa principalmente), pero la idea de la alcaldesa es que se pasen al nuevo operador, que nacerá en 2016 y que generará energía renovable 100%.
Colau ya avanzó este domingo, en el programa Salvados, su intención de cumplir esa promesa electoral: "Vamos a crear el operador eléctrico municipal. Cuanto antes, el próximo año". "El objetivo es trasladar todos los contratos energéticos públicos de la administración municipal, ahora en manos de las grandes, al nuevo operador", señalan fuentes al tanto de los planes de Colau.
El objetivo es "trasladar todos los contratos energéticos públicos de la administración municipal, ahora en manos de las grandes, al nuevo operador"
La medida estrella que prepara el equipo de Janet Sanz, teniente alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento, choca frontalmente con el controvertido Real Decreto de Autoconsumo que el Gobierno del PP aprobó el pasado 9 de octubre.
Se trataría de instalar placas fotovoltaicas en los techos y espacios de las dependencias municipales que lo permitan para "alcanzar el balance neto de la generación y el consumo de todas las instalaciones del Ayuntamiento", defiende Sanz.
Es decir, que las dependencias públicas de la Ciudad Condal podrían llegar a ser autosuficientes y dejarían de pagar el recibo de la luz a las grandes compañías del sector. Otra cosa distinta será que Colau se atreva a saltarse algunas de las medidas más polémicas incluidas en el Real Decreto, que impone cargos tan gravosos (impuesto al sol) y multas tan desorbitadas para los que monten una instalación de autoconsumo que eso ha desincentivado la puesta en marcha de muchos proyectos.
Las instalaciones del Ayuntamiento que produzcan su propia electricidad tendrán que conectarse a la red del sistema eléctrico tanto para consumir energía cuando no tengan la suficiente como verter la que les sobre de lo que generen. Y para ello tendrán que abonar al sistema el impuesto al sol, tasa a la que Colau, pero también la mayoría de partidos del arco parlamentario (Podemos, C’s, PSOE, Compromís, Izquierda Plural…) se han opuesto.
Se trataría de llenar de placas fotovoltaicas todas las dependencias públicas en las que se pueda para que Barcelona sea autosuficiente energéticamente y pueda rescindir los contratos con las compañías
Si alguno de estos partidos gobierna, el compromiso es darle la vuelta al RD y derogar el impuesto al sol. Otras fuentes alertan de los problemas que puede provocar que el Ayuntamiento de Barcelona rescinda los contratos de sus instalaciones con las eléctricas, la mayoría de ellos en vigor por varios años.
La ruptura anticipada de estos contratos, provenientes muchos de ellos de adjudicaciones, podría tener un coste millonario para el Consistorio en concepto de indemnizaciones.
El caso es que la alcaldesa ha dejado claro en Salvados que el nuevo operador "permitirá, por un lado, la operación con renovables y además hacer de comercializador para controlar, por ejemplo, para que no haya cortes. No es un tema de ahorro, es un tema de servicio público". "Los Ayuntamientos tienen que dar respuesta inmediata a la emergencia [energética]. A mí me parece cuestionable y escandaloso que se tenga que pagar con dinero público lo que es un mal funcionamiento del sistema de los servicios básicos. Si tú estás haciendo negocio con ello, tiene que asumirlo la compañía, no los Ayuntamientos", decía Colau en el programa de Évole.
La alcaldesa fue muy crítica con las empresas del oligopolio: "El primer problema que tenemos es de falta de datos claros, porque las compañías que tienen el monopolio no los dan. Además, evidentemente, los datos son escandalosos. Sólo en Cataluña las tres compañías en un año han hecho casi 5.000 millones de beneficio".
"Yo pago ciento y pico euros de luz cada dos meses", confesó Colau, que prometió que "vamos a caminar hacia la autosuficiencia". "[Las eléctricas] nos dijeron que hay entre 1.000 y 1.500 cortes al mes, pero nos dijeron que saberlo era muy complicado (…) La electricidad no es un producto, es un derecho. Está establecido, ratificado por el Estado español y obligado jurídicamente", ha sentenciado.