La operación de venta de AENA, que culmina este miércoles con el estreno en Bolsa del gestor aeroportuario, ha supuesto para el Gobierno algo más que los cerca de 4.300 millones de euros que aportará la privatización a las arcas del Estado. También deja prácticamente sin efecto la posibilidad de que la gestión de los aeropuertos se convierta en moneda de cambio con vistas a los diversos procesos electorales que tendrán lugar este año.
El Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Fomento, tenían claro que la privatización de AENA tendría que culminar antes de que se pusiese en marcha la maquinaria electoral. El actual escenario político hace muy improbables las mayorías absolutas en los comicios autonómicos y municipales que han de celebrarse durante la próxima primavera, lo que abre la veda de pactos que, en muchos casos, quedarán ligados a lo que suceda meses después en las generales.
En el seno del Ejecutivo de Mariano Rajoy tenían claro que la gestión de los aeropuertos era uno de los primeros asuntos que se iban a poner encima de la mesa a la hora de tejer las estrategias tras el resultado de las urnas.
Algunos gobiernos autonómicos, especialmente el catalán y el canario, ya han planteado en varias ocasiones el asunto de la cesión de la gestión aeroportuaria y no iban a perder esta oportunidad para tratar de hacer realidad sus intenciones.
El riesgo de romper la red
“El Gobierno temía que si la privatización de AENA no salía adelante, la red de aeropuertos terminaría por romperse”, apunta una fuente cercana a la compañía. Los expertos del sector coinciden en señalar que uno de los activos más preciados de AENA es, precisamente, la red de aeropuertos. “Por eso, la cuestión de la entrada de capital privado en la compañía era una cuestión de ahora o nunca”.
Los temores de Fomento pasaban por que el Gobierno terminara por tener que ceder a algunas de las pretensiones de los diferentes ejecutivos autonómicos. “Un Gobierno regional difícilmente va a gestionar un aeropuerto o un conjunto de ellos de forma eficiente. El riesgo es que esa gestión terminara por externalizarse y entraran incluso operadores internacionales”, señalan desde el departamento que dirige Ana Pastor y que ha sido el principal valedor de la privatización de AENA.
Precisamente, este martes, pocas horas antes de su estreno en Bolsa, la compañía remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que daba cuenta de que el Gobierno de Canarias ha realizado una ampliación del recurso contencioso-administrativo que presentó en su día contra el proceso de privatización.
En dicha ampliación se incluye la petición de una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentran la exclusión de los aeropuertos de interés general situados en Canarias del inmovilizado patrimonial de AENA. Enaire, sociedad a través de la que el Estado controlará el 51% del capital de la compañía que seguirá en sus manos, considera que el recurso y las medidas cautelares tienen escasas posibilidades de estimación.
