La privatización de Aguas del Ter-Llobregat por parte de la Generalitat de Cataluña, una operación valorada en 1.000 millones de euros, quedará en manos de la Justicia tras una insólita maniobra del Gobierno catalán, que recurrirá la decisión tomada por una institución dependiente, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), que a su vez revocaba la decisión tomada en primer lugar por el Ejecutivo que preside Artur Mas.
El mismo día de su toma de posesión, el Gobierno catalán firmó el contrato que adjudicaba a un consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG-Pactual la gestión de Aguas del Ter-Llobregat durante un periodo de 50 años, una decisión tomada un mes antes y que había sido recurrida por Aguas de Barcelona, el otro aspirante a hacerse con el contrato.
El OARC estimó parcialmente el recurso al entender que Acciona había incumplido uno de los preceptos del pliego de condiciones, lo que dejaba en el aire el proceso. El consejo de Presidencia, Francesc Homs, anunció ayer que la Generalitat recurría ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo la decisión del OARC, es decir, de su propio organismo, lo que convierte el proceso en un auténtico escándalo.
Homs ha defendido que tanto los funcionarios presentes en la mesa de contratación, como los propios departamentos de Territorio y Sostenibilidad y Economía, impulsores de este proceso, han actuado "bien" en este caso. Y ha argumentado que como las decisiones de ese organismo son "ejecutivas", la Generalitat no puede ahora desautorizarlo y se ve obligada a acudir a los tribunales.
Después de que se conociera la decisión del OARC, Acciona envió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que dejaba claro que si finalmente se revocaba la adjudicación de Aguas del Ter-Llobregat exigiría la devolución del canon de 298 millones de euros que el consorcio desembolsó en el momento de la firma del contrato y que estudiará una posible reclamación de daños y perjuicios. Cabe tener en cuenta que el contrato contemplaba el inicio de operaciones el pasado 1 de enero y que, por lo tanto, el adjudicatario ya ha comenzado a trabajar en la gestión.
ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, para lo que cuenta con cuatro grandes plantas potabilizadoras, desalinizadoras, depósitos y 900 kilómetros de tuberías.
Aguas de Barcelona consideraba que la oferta de su competidora debería haber excluido a Acciona del concurso porque al dilatar la ejecución de las obras pudo presentar una oferta más barata. Sin embargo, Acciona considera que su propuesta respeta escrupulosamente los límites temporales exigidos en el pliego y que el OARC “confunde los plazos parciales de ejecución del plan de obras, que son modificables, con el periodo máximo total de 10 años que debe respetarse en todo caso y al que estrictamente se ajusta la oferta presentada por el consorcio adjudicatario”.
