Bien le vendría al atribulado presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, aquel sabio consejo dado por el machadiano maestro Juan de Mairena que reza: “Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”. Porque la polémica surgida por la decisión del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña de estimar el recurso presentado por Aguas de Barcelona contra la adjudicación a su rival Acciona del contrato de gestión de Aguas del Ter-Llobregat, que deja en el aire la validez del proceso, pone al descubierto que el Gobierno catalán no actuó ni despacito ni con buena letra.
Las prisas por resolver cuanto antes la adjudicación y percibir un adelanto de casi 300 millones de euros antes de que finalizara 2012 se explican por las apremiantes necesidades de liquidez de una Administración que atraviesa por una situación financiera más que crítica. Pero esas prisas derivaron en un claro caso de mala praxis, con el agravante de que ha sido un organismo dependiente de la propia Generalitat el que ha estimado que la actuación del Gobierno regional no fue procedente.
En primer lugar, porque el Gobierno de la Generalitat firmó el contrato de adjudicación de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) con el consorcio ganador cuando aún no se había resuelto el recurso interpuesto por la sociedad que finalmente no logró llevarse el contrato. Las grandes corporaciones españolas, notablemente experimentadas en acudir a licitaciones en el exterior, son las primeras que pueden dar fe de que esta circunstancia es, por lo menos, extraña. Incluso en países que no son considerados del primer mundo y con una seguridad jurídica en ocasiones cuestionable se respetan estos tiempos.
La consecuencia es que ahora el proceso está en el aire, con el agravante de que los trabajos del consorcio ganador ya se han iniciado -el 1 de enero de este año-, como contemplaba el contrato. Y ahora, ¿cómo se retrotrae la situación, si finalmente hubiera que hacerlo?
Y en segundo lugar, porque esas prisas llevaron también a que el proceso se rematara con un Gobierno en funciones, sometido a posibles cambios (como ha sido el caso de la consellería de Territorio y Sostenibilidad) y a más que probables nuevos integrantes, como ERC, que antes recelaba notoriamente del proceso de privatización de ATLL y ahora no cree necesario la comparecencia del nuevo titular de la cartera afectada, Santiago Vila, porque considera que él mismo lo hará sin que nadie se lo tenga que decir.
No es este el mejor camino, desde luego, para despejar las dudas que determinadas informaciones publicadas en la campaña electoral catalana han diseminado sobre la manera de operar del ejecutivo liderado por Artur Mas en lo que a la adjudicación de contratos se refiere.
Y, lo que es peor, tampoco es lo más adecuado para atraer una inversión extranjera que ahora es más necesaria que nunca, dadas las necesidades económicas de las Administraciones Públicas. El consorcio de Acciona cuenta con un destacado componente catalán (Rodés y Godia, entre otras familias), pero también con un aliado foráneo como el brasileño BTG-Pactual, que no se llevará precisamente un buen recuerdo de la seguridad jurídica española. En definitiva, no se trata de qué se hace sino de cómo se hace.
Entre pactos gubernamentales y derivas soberanistas, Mas debería tener tiempo para repasar a Machado que, aunque fuera de Sevilla, le hubiera evitado males mayores. Ello, naturalmente, en el caso de que quisiera evitarlos.
