El recurso contencioso-administrativo presentado por la minera canadiense Edgewater contra la Xunta de Galicia y por el cual le reclama 20 millones de euros por dar marcha atrás en el proyecto de la mina de Corcoesto incluye acusaciones graves que relacionan al gobierno de Alberto Núñez Feijóo con actividades de corrupción o tráfico de influencias. Además del email en el que el presidente George Salamis decía "todo sería más fácil con una maleta Samsonite llena de $$$", el texto incluye otras perlas que pretenden poner en duda la legalidad de las actuaciones del equipo de la Consellería de Economia, Emprego e Industria.
"Después de una reunión, recibimos insinuaciones, en algún caso presión, sobre quién ha de ser la empresa que haga el movimiento de tierras"
Así narra los hechos Edgewater en su escrito: "Contando con que el proyecto ya estaba aprobado, se organizó un nuevo viaje a Corcoesto con analistas de los principales fondos de inversión (...) Vinieron 20 personas los días 7, 8 y 9 de febrero de 2013 y se organizó una reunión con las autoridades locales a las que asistió el director del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), el director general de Energía y Minas y la subdirectora general de Recursos Minerales, así como directivos de Edgewater. Por su propia naturaleza, no consta en el expediente administrativo". Esta reunión fue según este relato, uno de los puntos de inflexión ya que "después de aquella reunión, la empresa recibe ciertas insinuaciones y, en algún caso presión, sobre quien haya de ser la empresa que realice el movimiento de tierras o sobre quien podía/debía ser su director general. No se accedió ni a una ni a otra".
Aunque no se da los nombres de las personas que presuntamente hicieron estas presiones, la compañía sí que cuenta con quién tuvo estas reuniones con fondos de inversión, y quienes eran sus interlocutores. Concretamente eran el conselleiro de Economía, Javier Guerra, y el director general de Industria, Energía y Minas, Angel Bernardo Tahoces. En esas reuniones en la comarca de Bergantiños, habían mostrado su buena disposición a representantes de los fondos MGI Securities, Haywood Securities, Fraser Mackenzie, Société Générale, Stonecap Securities, PI Financial, Cormark, Ceasars Report y Cannacord.
Cambio de parecer
Pero algo ocurrió, según la narración, tras estos encuentros, y Edgewater cuenta cómo se produjo el cambio de parecer de la Xunta desde entonces, que empezó a complicarles la vida con trabas burocráticas. La solicitud de su proyecto había sido admitida a trámite el 15 de marzo de 2012 declarada como "proyecto industrial estratégico" para explotar la mina de oro de Corcoesto. En ese proyecto se hablaba de 271 puestos de trabajo directos "en fase de operación" y 500 indirectos "en fase de preparación", pese a lo cual Núñez Feijóo habló luego en público de 1.400 empleos. El 19 de noviembre de ese año se presenta a Feijóo y a su futuro conselleiro de Industria, Francisco Conde, el proyecto. Dos meses después el Diario Oficial de Galicia publica el anuncio de la declaración de impacto ambiental.
Sin embargo, señala la empresa que todo esto se truncó tras la reunión antes señalada y en marzo de 2013, "sin decir nada a la empresa, sin que esta tuviese conocimiento de ello, pide nuevos informes a diferentes departamentos administrativos". Lo que ocurrió en este caso es que habían entrado las alegaciones de grupos contrarios al proyecto, que según denuncia Edgewater "fueron cuajando, sumando y aunando sus fuerzas en contra".
La petición de un aval de 120 millones con 10 días para reunirlo fue la puntilla al proyecto en el verano de 2013
A raíz de eso relata en varias páginas las peticiones supuestamente onerosas que le hizo la Xunta, singularmente "cuando nos solicitaron reunir 120 millones de aval en solo 10 días" en el verano de ese 2013. Por ejemplo, cuenta como el director de (Igape), "en un tono ciertamente inadecuado, explica el porqué de aquel insólito requerimiento". Ante las alegaciones de la empresa, éste respondió amenazando a voz en grito, siempre según la versión de Edgewater: "¡Tonterías! ¡Se corta la reunión y se acabó!".
Este avala bancario fue la puntilla para la empresa. Unos meses después, Feijóo anunciaba en el debate del estado de la región la suspensión del proyecto "por no cumplir los criterios económicos y medioambientales requeridos".
"Calumnias" para Feijóo
Precisamente este mismo miércoles Feijóo se ha defendido de las acusaciones de Edgewater, ha calificado de "calumnias" este recurso contencioso-administrativo y ha declarado: "Esa empresa quería hacer un negocio en Galicia y los técnicos de medio ambiente y los técnicos que llevaban la supervisión de las finanzas de esa empresa desaconsejaron y desautorizaron el negocio que la empresa pretendía hacer", resumió para explicar porqué el Gobierno gallego pasó de aplaudir la iniciativa a cancelarla.
"Da la sensación de que la empresa no asumió que no se puede venir a Galicia a hacer negocios. Que se puede venir a Galicia a crear riqueza pero no a crear negocios y llevarse el dinero hacia otros lugares, en este caso Canadá", ha apostillado. Dicho esto, ha manifestado que igual que la Xunta "hizo lo que tenía que hacer" cuando frenó el proyecto, ahora la asesoría jurídica de la Administración procederá del mismo modo y va a "mirar lo que dice esta empresa" ha informado EP.
