Ángel de Cabo, la persona a la que se la ha impuesto la mayor fianza en España para eludir la cárcel, el empresario que acordó la adquisición de Teconsa, Marsans, y Nueva Rumasa al mismo tiempo prácticamente que estas compañías se declaraban en concurso de acreedores, campa a sus anchas por Valencia dejando atrás como un mal sueño su estancia en prisión.
De Cabo fue detenido y encarcelado el 3 de diciembre de 2012, en el marco de la Operación Crucero, que también dio con los huesos del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en la cárcel. Ambos fueron acusados de presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, de Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama para ocultar bienes de Díaz Ferrán. La fianza impuesta al empresario valenciano superó a la que en su momento tuvieron que afrontar Javier de la Rosa (30 millones); Francisco Correa (cabecilla de la Gurtel, 15 millones); el egipcio Husein Salem (15 millones); o Mario Conde (12 millones).
A pesar de lo elevada que resultó ser aquella fianza original impuesta por el juez y de la gravedad de los delitos de los que se acusaba a Ángel de Cabo, este abandonó la prisión en julio de 2014 tras abonar una fianza que finalmente se redujo a los 300.000 euros, quedando a la espera de celebración de juicio. En septiembre de 2015 la Audiencia Nacional condenó a De Cabo a una pena de cinco años de prisión tras acordarlo con el fiscal Daniel Campos, que redujo su petición inicial de cárcel de ocho años. El fiscal estimó que debían aplicarse los atenuantes de confesión tardía y devolución del efecto del delito.
La sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida por la representación legal de empresas acreedoras de Marsans, que solicitaron un endurecimiento de la pena impuesta
La sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida por la representación legal de empresas acreedoras de Marsans, que solicitaron un endurecimiento de la pena impuesta. La ejecución de la sentencia está pendiente hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Fuentes jurídicas consideran que si el Supremo no admite el recurso, De Cabo ingresará en prisión "unos meses, menos de un año, quizá menos de seis meses".
En la actualidad Ángel de Cabo "tiene una oficina en el centro de Valencia, sigue haciendo lo mismo que antes pero a través de personas interpuestas; sigue con los puros y los restaurantes caros, se mueve en coche con chófer", dicen fuentes empresariales valencianas. Vozpopuli ha contactado con personas cercanas a De Cabo, que confirman la situación judicial del empresario -"no es posible saber ahora cuánto tiempo le queda de prisión, hay que esperar a lo que diga el Supremo", puntualizan-, pero que no quieren profundizar en su situación personal o profesional.
De Cabo ha dejado tras de sí un reguero de empresas concursadas, liquidadas, y deudas millonarias con empresarios y administraciones públicas. Empresas que en algún momento tuvieron relación con De Cabo aparecen en el último listado de morosos publicados por Hacienda, con cerca de 100 millones de deuda. Entre otras, además de Marsans, Teconsa, o las sociedades de Nueva Rumasa, su propio despacho, Aszendia, que debe 1,3 millones.
Las fuentes jurídicas consultadas consideran que precisamente por las deudas que le reclaman, Ángel de Cabo se ha declarado en concurso de acreedores como persona física recientemente. El juzgado mercantil número dos de Valencia declaró el 22 de junio en concurso al empresario valenciano, lo que le blinda ante las reclamaciones de los acreedores.
