Ni en sus mejores sueños el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y su equipo negociador hubieran imaginado que el Gobierno argentino, cuya posición de enconamiento alcanzó en determinados momentos una dialéctica belicista, accediese a firmar un acuerdo como el que ayer aprobó el consejo de la petrolera en Madrid.
¿A qué responde que los beligerantes y agresivos Cristina Fernández de Kirchner y su joven y todopoderoso ministro de Economía, Axel Kicillof, hayan cedido al final del proceso aportando todo tipo de garantías para que Repsol cobre íntegramente los 5.000 millones de dólares comprometidos tanto si vende los bonos soberanos como si opta por cobrar íntegramente su rentabilidad?
A una cuestión de pura geopolítica, reconocieron ayer a este diario varias fuentes políticas y empresariales consultadas en Buenos Aires. Argentina necesita como agua de mayo la llegada de divisas e inversiones extranjeras para paliar, al menos parcialmente, el vaciamiento de las arcas públicas, máxime cuando en el Cono Sur el invierno se acerca inexorablemente.
El país necesita divisas para importar productos energéticos y ansía inversiones de gigantes internacionales para desarrollar los esperanzadores pozos de gas y petróleo no convencionales de Vaca Muerta, el yacimiento expropiado a Repsol.
El invierno austral está a la vuelta de la esquina y Argentina necesita divisas para importar productos energéticos que ahora no produce por el parón inversor en Vaca Muerta
Y ni el conflicto con Repsol ni la crisis monetaria de finales de enero con la cotización del peso por los suelos, la inflación por las nubes y las arcas del Banco Nación bajo mínimos hubieran permitido que los mercados internacionales recuperaran la confianza en el país.
Así que el agresivo Kicillof, tirando de manual de puro pragmatismo, ha dado su plácet a un acuerdo en el que Repsol sale muy bien parado. Es verdad que lejos quedan los 10.000 millones de dólares que Brufau estuvo exigiendo hasta hace bien poco, pero con sólo la mitad, con esos 5.000 millones de dólares que consiguió arrancar de la Casa Rosada el ministro de Industria, José Manuel Soria, en noviembre pasado, la paz entre Repsol/España y Argentina está más que sellada.
Lejos quedan los 10.000 millones de dólares que pidió Brufau hasta la saciedad, pero con la mitad y la seguridad de cobro gracias a las garantías extra, Repsol respira aliviado
El consejo de la petrolera aprobó ayer por unanimidad el "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" alcanzado con "la República Argentina" por el que la petrolera española recibirá íntegros esos 5.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros) en compensación por la expropiación, en abril de 2012, del 51% de YPF. Tal y como estaba previsto, serán pagaderos en bonos soberanos a través de tres emisiones de deuda de 500, 1.250 y 3.250 millones de dólares.
En conjunto será un "paquete fijo por un valor nominal de 5.000 millones de dólares", pero para cubrir el descuento que estos títulos de deuda tengan en los mercados financieros, Argentina ofrece "un paquete complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares". En total, 6.000 millones para que Repsol pueda cobrar, como mínimo, 4.670 millones independientemente de su valor nominal, tanto si decide por vender los títulos (la opción más probable) como si los conserva hasta su vencimiento.
Kirchner ofrece un colchón de seguridad de 1.000 millones adicionales para cubrir los descuentos de la deuda soberana y, en caso de impago, da instrumentos para reclamar ante Naciones Unidas
Habrá más garantías aún. La entrega de bonos se depositará en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros. Es más, "los títulos públicos se entregan a Repsol "pro solvento", es decir, la deuda de la República Argentina frente a Repsol se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos.
No queda ahí la cosa. "Como garantía adicional, la República Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda y reclamar en arbitraje internacional sujeto a Uncitral (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares".
Así, Repsol se cubre también de un posible default del país. Es la paz definitiva, que lleva aparejada la retirada de todos los procesos judiciales y arbitrales interpuestos por las partes. Es este el salvoconducto para que el dinero vuelva fluir de nuevo hacia Argentina. La demanda de Repsol contra Argentina ante el Ciadi, ya en vía muerta, y por extensión contra todas las petroleras que invirtieran en los yacimientos expropiados suponían un freno a la llegada de dinero fresco al país.
La retirada de todas las demandas y de las amenazas de Repsol a los que invirtieran en Vaca Muerta permitirá la llegada al país de gigantes dispuestos a explotar los yacimientos junto a YPF
Ahora la puerta está abierta a toda inversión extranjera e YPF se prepara para una avalancha de propuestas para explotar los valiosos pozos de Vaca Muerta. "La Argentina, al sellar la paz con Repsol, quiere dar un mensaje de confianza y credibilidad al mundo para que se vuelva a invertir con seguridad en el país", señaló una fuente consultada.
Otra, más crítica, señaló que "Kirchner y su gente han dado a Repsol casi todo lo que han pedido para firmar la paz porque será otro Gobierno, y no éste, el que asuma la responsabilidad del cumplimiento de todas las garantías y prebendas dadas a la española", valoradas en un total de 8.000 millones de dólares al incluir los intereses de la deuda.
Kirchner termina mandato en 2015 y habrá elecciones presidenciales en octubre. Desde Repsol, tanto su presidente, que no pudo participar directamente en las negociaciones por estar expresamente vetado por Kirchner, como todo el equipo se felicitó del buen trabajo negociador realizado para conseguir el acuerdo y se agradeció la labor del Gobierno español.
