Un total de ocho ofertas han superado el primer corte para adjudicarse las obras principales del almacén temporal centralizado (ATC), el denominado cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), por un importe de 263,5 millones de euros. Se trata del mayor contrato de obra pública licitado en España en 2014 y el más importante también dentro de este proyecto, cuyo montante se estima ya en más de 900 millones.
Las ocho propuestas que han aprobado el examen administrativo son las UTE (Unión Temporal de Empresas) Dragados-Ferrovial-Sarrión; FCC-Vías y Construcciones-Gismero; Acciona-OHL; Sacyr-Isolux-Pavasal; Azvi-Comsa-Sando; Rover Alcisa-Aldesa-Copasa; Ortiz-Copisa-Gevora; y el Grupo San José, que acude en solitario.
De las ocho ofertas, cuatro se postulan como claras favoritas. Son las conformadas por Dragados-Ferrovial-Sarrión; FCC-Vías y Construcciones-Gismero; Acciona-OHL; y Sacyr-Isolux-Pavasal. Son las que constituyen las grandes constructoras españolas, que en algunos casos han juntado fuerzas y se han aliado también con otras compañías de menor tamaño como las conquenses Sarrión y Gismero o la valenciana Pavasal.
Entre los cuatro candidatos con más opciones, sobresale la presencia de dos empresas propiedad de ACS, el grupo que preside Florentino Pérez. Se trata de Dragados y de Vías. De esta forma, multiplica sus opciones al pujar desde dos frentes. Ésta práctica, la de concurrir desde varias ofertas, es habitual en el presidente del Real Madrid, según recuerdan en el sector.
Los consorcios Dragados-Ferrovial-Sarrión; FCC-Vías y Construcciones-Gismero; Acciona-OHL; y Sacyr-Isolux-Pavasal son los favoritos
Junto con el de Pérez, figuran, por tanto, otros apellidos ilustres de la construcción como Entrecanales, Koplowitz, Villar Mir, Del Pino... Ninguno quiere dejar pasar la oportunidad de conseguir el mayor contrato público en España del año, en un contexto en el que la crisis ha reducido a la mínima expresión las licitaciones.
El resto de las ofertas presentadas, integradas por constructoras de menor tamaño, cuentan con pocas opciones, siempre según fuentes del sector. Entre ellas figuran el Grupo San José y los consorcios compuestos por las andaluzas Azvi y Sando y la catalana Comsa; la valenciana Rover Alcisa, la madrileña Aldesa y la gallega Construcciones Paraño (Copasa); y la madrileña Ortiz, la catalana Copisa y la extremeña Gevora Construcciones.
El calendario que manejan las compañías contempla que la empresa pública Enresa, presidida por el ex alcalde de Ciudad Real, Francisco Gil Ortega, publicará el resultado de las ofertas técnicas (para pasar el corte hay que sacar una puntuación superior a 24) y procederá a abrir los sobres de las propuestas económicas en enero, después de Reyes.
De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato, la propuesta técnica tendrá un peso del 40% (40 puntos), mientras que la económica alcanzará el 55% (55 puntos). El 5% restante se supedita a una serie de cuestiones relacionadas con el periodo de garantía adicional (1 punto si es un año y 2 si son dos), el compromiso de reducción del plazo general de ejecución de la obra civil principal de dos meses respecto de los 58 previstos en el programa de Enresa (1%) y la reducción del plazo de ejecución de la obra del Almacén de Espera de Contenedores (AEC) en un mes respecto a los 12 previstos (1 punto) o en dos (2 puntos).
La propuesta técnica tendrá un peso del 40% (40 puntos), mientras que la económica alcanzará el 55% (55 puntos)
La oferta económica, por tanto, será la que más pese a la hora de decidir la UTE adjudicataria de las obras, como es norma en los contratos públicos en España, aunque en este caso es inferior a lo que ocurre habitualmente, cuando es factible encontrarse con una participación del 80%. Fuentes del sector aseguran que para ganar estas obras la baja respecto al presupuesto establecido por Enresa se situará por encima del 30%. Por tanto, la oferta ascendería a unos 180 millones de euros.
La construcción comenzará, según fuentes de Enresa, durante el primer trimestre de 2015 y la adjudicataria tendrá un plazo máximo de ejecución de 58 meses, una vez obtenga las licencias del Ministerio de Industria y del Ayuntamiento de Villar de Cañas. Asimismo, aún tiene pendiente la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la declaración de impacto ambiental positiva del Ministerio de Medio Ambiente para el emplazamiento escogido en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Desde el pasado mes de agosto, Enresa ha acelerado el ritmo de licitaciones del ATC, ante el riesgo de retrasar los plazos programado, lo que podría provocar una penalización para el Estado de 70.000 euros diarios si no regresan a tiempo los residuos españoles que actualmente custodia la francesa Areva. Esto ha llevado a Enresa a incentivar la puntuación de las ofertas que agilicen la finalización del proyecto.
