Se paraliza todo el proceso para la puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). El nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, tiene el mandato del Gobierno para congelar la licitación de las obras del basurero nuclear, que está pendiente de la apertura de los sobres con la oferta económica de los ocho licitantes.
El contrato supera los 268 millones de euros, pero no se adjudicará hasta que el proyecto no cuente con todas las autorizaciones pertinentes. Al anterior presidente de la empresa estatal de residuos nucleares, Francisco Gil-Ortega, que fue apartado del cargo este jueves, se había empeñado en adjudicar el contrato pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había emitido un informe técnico desfavorable y muy crítico con el emplazamiento y con el proyecto en general.
El Ministerio de Industria, tras analizar el informe del CSN, se negó a dar el plácet a Gil-Ortega para sacar adelante su plan, que además tampoco contaba con los informes preceptivos de Medio Ambiente. La obsesión del anterior presidente por acelerar el proyecto y su mala gestión al frente de Enresa han acabado costándole el puesto.
Zaballa, que fue nombrado este jueves por la junta de accionistas de Enresa y ratificado por el consejo de administración, tendrá como primer cometido al frente de la empresa estatal hacer una auditoría de la situación del proyecto del ATC y poner a su equipo a elaborar unos nuevos informes que sean elevados al CSN para su análisis.
El nuevo presidente congelará la apertura de los sobres con la oferta económica para construir el ATC a la espera de que el CSN y Medio Ambiente emitan informes favorables
Los ocho licitantes, que ya han pasado el corte de los dos primeros sobres con sus ofertas, tendrán que esperar. Queda aparcada la apertura del tercer sobre, el más importante, con la oferta económica.
El futuro de los residuos nucleares en España pasa por el desarrollo del cementerio atómico, que de no estar construido en 2017, obligará al Gobierno a pagar una penalización diaria de 70.000 euros a la francesa Areva por la custodia de los residuos ahora en sus manos.
El CSN analizará el nuevo informe que ha de presentar Enresa para sacar adelante el proyecto y que debería subsanar las deficiencias técnicas y de seguridad del presentado por la anterior dirección liderada por Gil-Ortega.
El ex alcalde de Ciudad Real y ex vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, hombre de confianza de la presidenta María Dolores de Cospedal, fue este jueves desautorizado por el Gobierno, después de que Moncloa y Hacienda forzaran su dimisión el martes y él se resistiese a abandonar el cargo.
Activó el preaviso de 15 días para poder cobrar la indemnización completa, pero el temor del Gobierno a que aprovechase estas dos semanas para adjudicar contratos exprés ligados al ATC ha precipitado su salida, sólo dos días después de su dimisión formal.
