El desarrollo urbanístico del Paseo de la Dirección, en el distrito madrileño de Tetuán, que levantó polémica por las modificaciones llevadas a cabo en la concesión municipal a Dragados, filial de ACS, estuvo rodeado de irregularidades. Así lo atestigua una auditoría que pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento de Madrid modificó hasta dos veces el convenio con el propósito de que la empresa concesionaria obtuviera resultados positivos con la operación y, además, que se obviaron determinados preceptos legales como la obligación de someter a consulta pública las modificaciones.
La auditoría, llevada a cabo por Raquel Rodríguez, profesora asociada del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio y doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, fue firmada a finales del pasado ejercicio, cuando la actual corporación municipal, liderada por Manuela Carmena, ultimaba las negociaciones con Dragados para liquidar la concesión, una decisión que fue duramente criticada por todos los grupos de la oposición al considerar que beneficiaba a la concesionaria.
No obstante, las irregularidades que se señalan en la auditoría, que además cuenta con el informe jurídico de Jaime Doreste, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se refieren al periodo en el que el consistorio de la capital estaba en manos del Partido Popular (PP), bajo los respectivos mandatos de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. En concreto, el documento apunta que ya el plan parcial original, que data de 2006, incumplía una serie de obligaciones contempladas en la Ley del Suelo de Madrid en lo referido a las dotaciones para zonas verdes, deportivas y equipamientos, así como en cesiones de redes locales.
Sin embargo, el aspecto más grave está relacionado con la primera modificación del convenio, que suponía cambiar la contraprestación que recibiría la concesionaria por llevar a cabo el proceso de urbanización de la zona. Como informó Vozpópuli, en virtud de dicha modificación Dragados pasaba a recibir suelo mayoritariamente para levantar vivienda protegida, mientras que el convenio original contemplaba el pago en suelo para vivienda libre.
Modificaciones a medida
La auditoría detalla que la modificación vino dada porque el precio de esta última había caído más de un 20% debido a los efectos de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria (había pasado en la zona de 4.193 euros por metro cuadrado a 3.283). Sin embargo, el precio de la vivienda libre había sido revisado claramente al alza (de 1.134 a 1.493 euros por metro cuadrado para la vivienda de precio básico y de 1.430 a 1.866 euros por metro cuadrado para la de precio limitado).
"Es evidente que el origen de dichos cambios está íntimamente ligado a la evolución del mercado inmobiliario, y que su objetivo principal era revisar las condiciones de origen de una operación que había dejado de ser rentable para el concesionario", apunta la auditoría, que va más allá y estima que la modificación posibilitaba que el resultado de la concesión pasara a ser de una pérdida de 17,10 millones de euros a un beneficio de 39,46 millones.
El objetivo principal de los cambios, según la auditoría, era "revisar las condiciones de origen de una operación que había dejado de ser rentable para el concesionario"
En su día, Dragados detuvo las obras al comprobar que los números de la concesión no salían. Durante los dos años que duró su negociación con el ayuntamiento, entre 2009 y 2011, los trabajos de no avanzaron, con el consiguiente perjuicio para los vecinos y el incumplimiento de los plazos establecidos en el convenio, por los que la compañía del grupo que preside Florentino Pérez nunca fue sancionada.
Sin consulta pública
Mientras, la segunda modificación se llevó a cabo por iniciativa privada, lo que chocaba con los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con Dragados y la Comunidad de Madrid, en los que consta que la modificación de los planeamientos era una cuestión exclusiva del Ayuntamiento.
Además, el informe jurídico que acompaña la auditoría señala que las modificaciones del convenio original que se llevaron a cabo afectan a un elemento fundamental de la concesión como es el precio por lo que "vienen sometidas a los principios de igualdad, transparencia y publicidad que rigen para los Convenios Urbanísticos". Es decir, que debieron someterse a consulta pública y sólo aprobarse una vez estudiadas y dadas respuesta a las posibles alegaciones.
