Pablo Casado se ha convertido en la "cara amable" del PP, en ese joven líder que se distancia de sus mayores en Génova por ser más sensible a las inquietudes y demandas de la ciudadanía y de los movimientos civiles.
Es esto, al menos, lo que se quiere trasladar desde el partido que sustenta al Gobierno y ahora va a ser aprovechado por la amalgama de colectivos ciudadanos, plataformas organizadas, pequeños y grandes inversores y un sinfín de agentes sociales (sindicatos, patronales, ecologistas, asociaciones de consumidores…) que apoyan en España las energías renovables en general, y el autoconsumo en particular.
Todo este '15-M prorrenovable', que cada vez está más organizado y goza de gran apoyo ciudadano directo y a través de las redes sociales, ha pedido de forma expresa al vicesecretario de Comunicación y portavoz del PP que trate de convencer al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, de que no lleve al Consejo de Ministros el Real Decreto de Autoconsumo.
La Plataforma por un nuevo Modelo Energético, la Fundación Renovables y la comunidad de movilización ciudadana online Avaaz.org lideran esta petición de urgencia ante la inminencia de la aprobación de una norma que, de ser llevada al BOE, supondría el exterminio de un fenómeno renovable aún en ciernes en España. El autoconsumo o la producción propia de energía a través de placas solares instaladas en viviendas, industrias, empresas, instituciones, granjas, hospitales y universidades, entre otros muchos emplazamientos, se venía desarrollando de forma aislada en España.
Esta especie de '15-M prorrenovable' ha pedido sendas reuniones urgentes con Casado y Soria para alertar de las graves consecuencias que tendría la aprobación del RD
Sin embargo, el modelo europeo que ya triunfa en algunos países se iba a imponer en España al permitir que los ciudadanos pudieran producir su propia electricidad y estar conectados a la red para verter la sobrante e importar la necesaria en caso de desabastecimiento.
El Gobierno, en un claro guiño al sector eléctrico tradicional, ha querido cortar por lo sano esta loable iniciativa que permite que los ciudadanos puedan romper el recibo de su compañía y ser autosuficientes. El Real Decreto establece un impuesto al sol (pago por el uso de la red se produzca o no) y fija multas tan desorbitadas para las instalaciones que no estén en regla que desincentiva el desarrollo del autoconsumo.
El gulag establecido por Soria en su Ministerio (no se facilita información ni se recibe a los afectados) ha obligado a estos movimientos sociales organizados a acudir a Génova. Fuentes al tanto de esta iniciativa señalan a Vozpópuli que el equipo del portavoz del PP se ha mostrado abierto a fijar una reunión urgente para que estos movimientos expongan sus planteamientos.
Vienen respaldados por las más de 40.000 alegaciones presentadas en las consulta pública del Real Decreto y las 200.000 firmas online obtenidas por Avaaz.org y quieren que Casado interceda ante el Gobierno para que el texto no se apruebe en los términos actuales.
Ni el equipo de Soria ni la gente de Casado en Génova han contestado aún a las solicitudes de reunión si bien "han sido muy educados y nos han atendido"
En paralelo, afirman estas fuentes, estos movimientos también han pedido, en este caso por carta, una reunión urgente con el propio Soria y su Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con el fin de alertarles de las graves consecuencias que tendrían la aprobación de la norma.
"El equipo de Soria nos ha atendido educadamente y nos emplazan a una reunión más adelante, pero no ahora", señala con preocupación una fuente, que pide que la reunión sea ya.
Además, todos los partidos del arco parlamentario han firmado un manifestó de apoyo al autoconsumo, en contra del RD y el compromiso de derogarlo en caso de gobernar.
El movimiento proautoconsumo confía en recibir hoy viernes alguna respuesta, ya sea de Casado o de alguien del Ministerio de Industria, porque el tiempo corre en contra. La idea de Soria es aprobar el RD en el próximo Consejo de Ministros o, en su defecto, en septiembre, antes de las elecciones, pese al coste electoral que podría tener este nuevo hachazo antirrenovable en los comicios generales previstos para el otoño.
