El despacho de abogados catalán Holtrop ya tiene redactado el recurso contencioso-administrativo que presentará, en nombre de la patronal APPA, mañana jueves en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de Autoconsumo. Junto a este se presentarán otros cuatro recursos en nombre de las patronales fotovoltaicas Unef, Anpier, la de instaladores Solartys y el de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energetico, todos contra la norma aprobada por el Gobierno de Rajoy que da la puntilla a este sistema para producir energía con placas solares desde los hogares y evitar el pago del recibo de la luz a las compañías tradicionales.
Según las fuentes consultadas, el recurso esgrime que el RD choca con el principio recogido en una norma de rango superior, como es la Ley del Sector Eléctrico, según el cual ningún consumidor debe pagar más que otro (el autoconsumidor abonará más costes para el sistema eléctrico que el resto de consumidores).
El autoconsumidor tendría que asumir más costes que un usuario normal y eso va en contra de la Ley del Sector Eléctrico, según los recurrentes
Además, el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 9 de octubre podría ser inconstitucional por vulnerar el derecho a la libertad de empresa recogido en la Carta Magna, según el armamento jurídico que aporta el recurso, que asimismo considera que esta norma viola varias directivas europeas de eficiencia al poner barreras al desarrollo de energías renovables.
Además, añaden las fuentes, los recurrentes consideran que el Gobierno ha violado la seguridad jurídica del sector, al imponer la norma con carácter retroactivo -da seis meses a las instalaciones que se aprobaron bajo otros parámetros para que se adapten a las nuevas reglas que fija el decreto-.
Frente común contra el decreto
El sector renovable en pleno, las organizaciones ecologistas y de consumidores, las plataformas y movimientos ciudadanos pro energías verdes y la mayoría de los partidos del arco parlamentario han criticado duramente el RD de Rajoy y su ministro de Industria, José Manuel Soria, que establece tales costes y peajes, así como multas de esperpento, que hacen inviable una instalación de autoconsumo energético en los hogares, pymes e instituciones.
Acusan al Ejecutivo de alinearse con las tesis de las eléctricas tradicionales para evitar que muchas viviendas y empresas se 'desconecten' del recibo de la luz de estas compañías al autogenerar su propia electricidad.
Para evitar esto, señalan las fuentes consultadas, han establecido un peaje de respaldo (antiguo impuesto al sol: lo que pagaría cada autoconsumidor al sistema eléctrico por usarlo para consumir electricidad o verter la sobrante de su instalación) tan costoso que desincentiva la migración de los hogares y pymes a ese sistema de producción de energía renovable.
Otra forma de disuadir a los ciudadanos a dar el paso hacia el autoconsumo es que si una inspección de Industria encuentra una placa o instalación en situación irregular, las multas a las que se arriesga el supuesto infractor van de los 6 a los 60 millones de euros.
