El problema de las autopistas de peaje en situación de quiebra le ha estallado al Gobierno en el momento más inoportuno, a dos meses de la celebración de las elecciones generales. La concesionaria controlada por OHL que gestiona la autopista que lleva a la T4 de Barajas (M-12) ha entrado en vía de liquidación y disolución por orden del juez de lo Mercantil que entiende de su concurso, lo que pone en marcha el mecanismo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, que el Estado se haga cargo, como propietario último del activo.
Se establece de esta forma un precedente más que peligroso para este Gobierno y el que resulte de los comicios de diciembre. Hasta siete concesionarias más se encuentran en situación de concurso de acreedores en fase avanzada y su liquidación podría estar muy cercana. De producirse una liquidación en cadena de todas ellas, el Estado debería asumir un coste superior a los 4.000 millones de euros.
La fase de liquidación de Aeropistas y la autopista de peaje Eje Aeropuerto, filiales de OHL, ha comenzado una vez que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha dictado el auto por el que se acuerda la disolución de ambas sociedades al no admitirse los dos convenios de acreedores presentados, según recoge Efe.
Como consecuencia, la Administración tendrá "la obligación legal" de resolver el contrato de concesión y de pagar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), ha informado hoy OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, se monetizarán la totalidad de los activos de ambas sociedades, tanto bienes como derechos, a los efectos de permitir el pago de los acreedores y, en su caso, de los accionistas.
Durante esta fase, cesan en su función los administradores, que son sustituidos por la administración concursal.
En enero pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores a ambas sociedades, que lo habían solicitado el noviembre anterior y que arrastraban una deuda conjunta de 557,7 millones de euros.
En concreto, la masa pasiva de Aeropistas ascendía a 437,1 millones y la del Eje Aeropuerto a 120,6 millones.
Los planes frustrados del Gobierno
Desde 2012, hasta ocho concesionarias de autopistas de peaje se han declarado de forma progresiva en concurso de acreedores. Ante esta circunstancia, el Gobierno trazó un plan para llevar a cabo un rescate organizado de las concesiones y que, de este modo, no tuviera que activarse la RPA. Tras multitud de reuniones con las grandes constructoras, principales accionistas de las autopistas, y la banca acreedora se llegó a un principio de acuerdo para agrupar las concesiones en una compañía pública en la que se aglutinaría el total del pasivo, que se sitúa por encima de los 4.000 millones de euros.
A partir de ahí, el Gobierno pactó con la banca una quita del 50% de esa deuda y el pago de la mitad restante a través de un bono a 30 años con un interés variable en función de la evolución de los tráficos de las vías.
Precisamente, el interés del bono se convirtió en un asunto candente que dificultó de forma notable alcanzar un acuerdo definitivo. Pero, sobre todo, la oposición de la banca extranjera afectada por la quiebra de las autopistas, que en ningún momento estuvo de acuerdo con el plan trazado y mucho menos con la quita propuesta por el Gobierno y aceptada por la banca nacional.
Rechazo del convenio
Mientras, el Ejecutivo trató de que los distintos concursos de acreedores de las concesionarias se retrasaran lo máximo posible con el fin de llegar a un acuerdo para todas. De hecho, llegó a presentar un convenio de acreedores para las concesionarias, que ha sido rechazado de forma sistemática, tanto en el caso de la gestora de las radiales R-3 y R-5 como en el caso de la M-12, que ahora exige la puesta en marcha de la RPA.
El Gobierno también ha contado con la atenta mirada de la Comisión Europea, que ha amenazado en numerosas ocasiones con vetar sus planes para rescatar a las autopistas de peaje al considerarlas ayudas ilegales de Estado.
