Tras las resistencias iniciales, el Ayuntamiento de Madrid pagará a FCC por los sobrecostes de la Caja Mágica que el grupo constructor llevaba reclamando desde hace cuatro años, merced a un acuerdo extrajudicial saldado con la cifra de 7,4 millones de euros a favor de la compañía. A cambio, los actuales regidores del Consistorio han obtenido un intangible que pronto podría convertirse en realidad: la posibilidad de denunciar a los anteriores gestores municipales por los sobrecostes asociados a la construcción del recinto deportivo.
La contraprestación fundamental del acuerdo extrajudicial a favor del Ayuntamiento de Madrid reside en que ahora la Administración podrá emprender acciones legales por posibles negligencias a la hora de gestionar la construcción de la Caja Mágica. Y todo apunta a que el asunto terminará en los tribunales, más pronto que tarde.
FCC llevaba desde 2011 reclamando deudas relacionadas con la construcción de la Caja Mágica, más concretamente con modificados y añadidos, que no estaban previstos en el proyecto original pero que fueron posteriormente encargados a la compañía y que ésta tuvo que realizar por su cuenta bajo el compromiso de un futuro pago que nunca llegó.
Aunque FCC comenzó reclamando una cifra por encima de los 40 millones de euros, la última petición formal en los tribunales era de 32 millones de euros. Las negociaciones con el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento, comandado por Ana Botella, se quedaron en un principio de acuerdo en el que nunca llegó a plasmarse firma alguna.
El pacto que abre las puertas de los tribunales
A su llegada al Consistorio, el equipo de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena, se opuso al pago de cantidad alguna por los sobrecostes de la Caja Mágica y, además, anunció su firme intención de poner en marcha una investigación para esclarecer el origen de los sobrecostes, valorados en algo más de 100 millones de euros, y depurar posibles responsabilidades.
Pese a que las posturas del Ayuntamiento y de FCC parecían inamovibles, el pacto ha sido posible incluso antes de lo previsto. Y, en este caso, la clave no ha estado tanto en la cantidad. Los 7,4 millones de euros están lejos de satisfacer las peticiones de la compañía, que considera haber hecho una significativa concesión teniendo en cuenta la cantidad que se le adeudaba. Al menos, contará con la ventaja de que tendrá el dinero en caja en los próximos días, probablemente a lo largo de la semana que viene.
A cambio del acuerdo y de la premura a la hora de pagar la deuda acordada, se ha desbloqueado tanto el compromiso de confidencialidad que figuraba en el principio de acuerdo como de la responsabilidad de terceros. Este punto era el que perseguía el equipo de Carmena ya que su intención es proceder judicialmente contra los anteriores gestores del Consistorio, al considerar que son los culpables de que la instalación deportiva terminara costando un 110% más de lo presupuestado.
De esta forma, el proceso extrajudicial ha sido en parte satisfactorio para ambos bandos, aunque en diferentes dimensiones: para la compañía, en el terreno material; y para Ahora Madrid, desde el punto de vista del margen de maniobra que le deja para ir a los tribunales contra los anteriores gobiernos municipales, en manos del Partido Popular.
Una instalación maldita
La Caja Mágica formó parte de los diferentes proyectos de Madrid como ciudad candidata para albergar los Juegos Olímpicos. Pero a su costosísima construcción y su no menos económico mantenimiento se unieron los sucesivos fracasos a la hora de ser sede olímpica para hacer de la instalación uno de los iconos del despilfarro de las Administraciones en España.
Su empleo está circunscrito prácticamente a los escasos diez días que dura el Masters de tenis de Madrid. Durante una temporada sirvió de sede para el equipo de baloncesto del Real Madrid, que firmó un contrato por cinco años que tan sólo cumplió en el primero de ellos. Posteriormente, el acuerdo fue roto sin que se haya consignado compensación alguna por parte del club que preside Florentino Pérez al Ayuntamiento.
Con la firma del acuerdo extrajudicial y el pago de los 7,4 millones de euros a FCC se ha solventado el conflicto entre el Consistorio y el grupo constructor. Pero la historia de los sobrecostes de la Caja Mágica no ha hecho más que escribir un capítulo más.
